La FM en Google News
En las ultimas horas se conoció una sentencia del Consejo de Estado que, por segunda vez durante este año, ordenar todas las cuentas bancarias del gobierno departamental por las primas de servicios atrasadas a los docentes del Quindío desde el año 2006, que ascienden a los 27.000 millones de pesos.
La decisión se fundamentó en que el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá habría hecho uso de los dineros, una vez se conoció el fallo de tutela que interpuso desde la gobernación para que le desembargaran las cuentas, de las cuales no debía disponer hasta tanto no se resolviera todo el proceso.
El abogado apoderado de los maestros afectados en esta región del país, Yobany López Quintero, le dio un ultimátum a Osorio Buriticá para que retorne a los educadores los recursos que tenían embargados desde el pasado mes de marzo en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito.
Quintero anunció que, si esto no se da antes del 9 de noviembre, procederá a presentar en nombre de los maestros del departamento una denuncia ante la Fiscalía por prevaricato por acción, según el abogado, porque el mandatario debía resguardar los dineros mientras salía la segunda instancia de la tutela que interpuso la gobernación para desembargar.
“La gobernación del Quindío hizo uso de esos dineros, que es la plata de los educadores. Entonces, el próximo viernes 9 de noviembre, que se vencen los cinco días del cumplimiento de la tutela, el gobernador debe poner en disposición del Juzgado nuevamente todos los recursos que tenia embargados”, aseguró.
Ante esta situación, el secretario de representación judicial del Quindío, Jamer Chaquib Giraldo, dijo que si bien conocen el fallo que declara improcedente la acción de tutela y deja sin efectos la medida cautelar, desde el departamento están a la espera de la notificación formal de la decisión para el respectivo pronunciamiento.
En comunicados anteriores, el gobierno departamental ha asegurado que lasadministraciones pasadas pagaron a 928 maestros de los 2.148 beneficiados con los fallos judiciales, y que la actual gobernación heredó 1.220 de esos fallos sin pagar, por lo que el abogado inició el trámite jurídico y financiero y logró que el Ministerio de Educación reconociera la deuda.
Agrega que el Ministerio de Educación no ha realizado los pagos y la medida cautelar del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Armenia del 19 de julio de este año afecta directamente las cuentas de la región por 23.000 millones de pesos.
La nueva decisión de congelar las cuentas genera un impacto directo sobre los aportes de estampillas Pro- Adulto Mayor, Cultura, Prohospital, Prodesarrollo, Salud, Deportes, Ingresos Propios y recursos del Sistema General de Regalías, lo que genera una afectación sobre el buen funcionamiento del departamento.
