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El ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Osuna, propuso adelantar un censo nacional en el que se defina la situación jurídica de las más de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo es lograr disminuir el hacinamiento penitenciario y descongestionar los centros de detención transitoria.
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Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, el ministro Osuna aseguró que en esta estrategia se contaría con el apoyo de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, de las diferentes universidades del país.
Explicó que también habría abogados voluntarios que contribuyan a establecer en qué condiciones se encuentra cada hombre y mujer privados de la libertad ,en las cárceles bajo la administración del Inpec y también las que están en administración de las Alcaldías y Gobernaciones.
"Ojalá los consultorios jurídicos de las universidades nos acompañaran y también abogados voluntarios, porque no hay suficiente personal para hacer un censo fidedigno de la situación jurídica en la que están estas 180.000 personas", señaló.
Agregó que "la información inicial con datos no exactos que tenemos, nos dice que hay un número significativo de personas que ya tienen el derecho a la libertad y siguen detenidos (...)".
El ministro de Justicia y el Derecho, también dijo que en el censo se revisará si las personas que han sido condenadas ya cumplieron gran parte de sus penas y podrían ser beneficiados con la 'casa por cárcel'o un sistema de libertad parcial (cárcel de noche con posibilidad de trabajar de día en establecimientos controlados por el Estado).
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Osuna planteó esa propuesta en medio de un análisis sobre la grave vulneración de Derechos Humanos que se está presentando tanto en los centros de detención transitoria, como en las cárceles por el hacinamiento.
Dijo que en las URI y estaciones de Policía el hacinamiento supera el 170% mientras que en los penales es del 20%.
"Hay detenidos en estaciones de Policía y centros de detención transitoria (URI), donde el hacinamiento es de más del 170%, una situación catastrófica, es una negación absoluta de los Derechos Humanos de las personas detenidas allí", dijo Osuna.
Reveló que con corte al 31 de agosto de este año, en Colombia están privadas de la libertad más de 180.000 personas, de las cuales 60.000 se encuentran cobijadas con detención domiciliaria y unas 120.000 permanecen en las cárceles manejadas por el Inpec, al igual que por las Alcaldías y Gobernaciones.
