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Con medida de aseguramiento privativa de la libertad fue cobijado Óscar Marino Quintero, juez Primero Promiscuo de Florida (Valle del Cauca), señalado de hacer parte de una estructura delictiva, denominada los Tutelantes, que mediante acciones de tutela favorecía a personas de alto perfil criminal para que fueran trasladadas de cárceles de alta y mediana seguridad, a una de mínima seguridad en Valle del Cauca y Cauca.
En audiencias concentradas ante el Juzgado 30 de control de garantías de Cali, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de prevaricato por acción (por 13 hechos), favorecimiento en la fuga de presos (por 7 casos) y falsedad ideológica en documento público (por otros 7 eventos).
Por determinación del juez y dadas las condiciones de edad y salud del hoy procesado, este debe cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
El funcionario fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía, en Florida (Valle del Cauca). Ya son 16 procesados y judicializados por la presunta participación en los Tutelantes.
Según la Fiscalía, el hoy procesado, de 65 años, solicitó medidas provisionales para el traslado de presos de alta peligrosidad a diferentes cárceles, a donde nunca llegaron. Asimismo, habría utilizado radicados de otros procesos para hacerlos pasar como tutelas y oficiar al Inpec los traslados que ordenaba. Siete reclusos favorecidos con las decisiones se encuentran fugados.
Los hechos
Gracias a la investigación priorizada en el plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que desde el año 2015, una estructura criminal habría ejecutado pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado, como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras.
Algunos abogados que harían parte de la organización denominada los Tutelantes, contactan a personas privadas de la libertad recluidas cárceles de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles un traslado a cárceles municipales, con la promesa de que allí podrían recupera la libertad y no cumplir la pena en las condiciones exigidas por la justicia.
La modalidad utilizada consistía en la presentación de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal con información simulada, cartas espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto de los Centros de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías de esa ciudad. Allí, con el consentimiento del juez y en coordinación con las oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados a cárceles municipales en Florida y Yotoco (Valle del Cauca), Miranda y Guapi (Cauca).
