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El 6 de septiembre de 1996 un grupo de agentes de la Dijín secuestró a seis estudiantes de la Universidad Distrital. Los jóvenes fueron torturados y posteriormente asesinados, acusados de pertenecer al frente urbano Antonio Nariño de las Farc, que en días anteriores había atentado contra la estación de Policía del barrio Kennedy en el sur de Bogotá.
Los cuerpos fueron cercenados, incinerados y al día siguiente arrojados al relleno sanitario de Mondoñedo. A estos hechos se les conoce como la masacre de Mondoñedo.
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Las victimas fueron Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Vladimir Zambrano Pinzón, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quesada y Martín Alonso Valdivieso.
El mayor (r) Héctor Castro, el capitán (r) Carlos Alberto Niño, el sargento viceprimero (r) Nestor Gabriel Barrera, los subintendentes Milton Marino y Carlos Alfonso Pineda, el agente Filemón Fabra, y los cabos Pablo Salazar y Hernando Villalba fueron hallados responsables de estos asesinatos y condenados en la justicia ordinaria a 40 años de cárcel. Ahora se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recibieron libertad transitoria y anticipada.
Este miércoles, la JEP citó a los expolicías a una audiencia de verificación del régimen de condicionalidad en la que debían explicar cuáles serán sus compromisos con la verdad la justicia y la reparación. Para ello, debían exponer una a una las propuestas para reparar a las víctimas.
Sin embargo, las propuestas presentadas fueron no sólo vagas, improvisadas y generales, sino además insuficientes. Entre las propuestas planteadas se habló de la creación de cartillas pedagógicas, dictar talleres sobre derechos Humanos y las escritura de ensayos sobre la masacre.
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Las víctimas y los magistrados manifestaron su inconformidad con las propuestas de los ocho expolicías.
"Es una falta de respeto. La JEP les dio unos meses para que presentarán algo coherente, algo que realmente representara a las victimas por el hecho cometido y lo que se demostró es que no traían nada, ninguna propuesta tenía lógica. ¿Cómo así que cartillas? ¿Los victimarios enseñando Derechos Humanos?", dijo Ómar Zambrano, hermano de uno de los jóvenes asesinados.
"Los delitos acá son gravísimos, de manera que las propuestas deben ser proporcionales a naturaleza de los crímenes que se están juzgando en esta jurisdicción. El contenido debe estar vigilado y consentido por las víctimas. La JEP no puede propiciar un escenario para la revictimización", dijo la magistrada Sandra Castro, quien presidió la audiencia.
Las víctimas, por su parte, dieron varias ideas con las que podrían ser reparados, entre ellas, actos de perdón público, un documental en el que se cuente la verdad de lo ocurrido, la siembra de árboles en memoria de los jóvenes, o emprender una campaña para rescatar animales de la calle en homenaje a Jenner Mora, quien hacía esta labor.
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Las nuevas propuestas tendrán que ser presentadas en un plazo no mayor a 20 días, cumpliendo con los estándares de proporcionalidad para que realmente sean reparadoras y no un simple formalismo.
Los magistrados les advirtieron a los policías que, además de reparar realmente a las víctimas, deberán decir la verdad plena de lo ocurrido, lo cual implica no contar solamente lo que ya se conoce dentro de los procesos penales, sino ir más allá y revelar, por ejemplo, cómo se organizó el operativo, de dónde provino la orden de asesinar a los jóvenes o quien ordenó el crimen del principal testigo del caso, el policía William Chitiva, y de sus hijos.
"Se deberá conocer, por ejemplo, si los hechos se dieron escenarios de estigmatización por el hecho de ser estudiantes de universidad pública, por su ideología o sus creencias políticas; o por ejemplo información sobre la determinación de los hechos o las amenazas que sufrieron las víctimas", dijo la magistrada.
Los expolicías tienen libertad transitoria y anticipada por el hecho de haber ingresado a la JEP. Sin embargo, este beneficio lo perderían si no cumplen con sus compromisos en el sistema.
Además, tienen dos opciones: solicitar la sustitución de la sanción que les fue impuesta en la justicia ordinaria, o pedir la revisión de la sentencia, lo que implica que de confirmarse la condena deberán cumplirla en la cárcel. La decisión también deberán presentarla en máximo 20 días.
El temor de las víctimas
"Ahora tengo mucho más miedo que antes, porque ellos están en libertad", dijo Zambrano, quien hasta hace poco mostró su rostro ante los asesinos de su hermano, pues había tenido que huir de Bogotá luego de descubrirlos y delatarlos.
Gracias a la investigación que durante más de 20 años emprendió Ómar Zambrano junto a otras víctimas de esta masacre, los responsables fueron condenados a 40 años, pero su sometimiento a la JEP los dejó libres de nuevo.
"Duramos 22 años y le entregamos a la justicia colombiana a los asesinos de la masacre. Se los entregamos uno a uno a la justicia colombiana. Nos tocó inmiscuirnos en la misma red que ellos tenían en la Dijín para poderlos identificar, fuimos a los sitios de Bogotá donde terminaron su noche de verbena asesinando a otros dos. No iban con prendas policiales, iban así como están ahora, pero eso sí: armados hasta los dientes", relató.
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"La Fiscalía me dijo que iba a ser un testigo sin rostro, de lo contrario obviamente no estaría contando mi historia", dijo.
Otras víctimas fueron y siguen siendo amenazadas: les piden que se silencien o de lo contrario peligran sus vidas, pero ninguna de ellas cuenta hoy con algún tipo de protección.
Y no solo las victimas fueron amenazadas: una fiscal del caso tuvo que renunciar y exiliarse, y otro de los testigos principales fue asesinado junto a sus hijos, el suboficial William Nicolás Chitiva, quien declaró contra sus compañeros.
Zambrano aseguró, durante la audiencia, que estrechará la mano de sus victimarios solo hasta el día en que digan toda la verdad y se arrepientan de corazón.
