María Alejandra Benavides reveló ante la Corte Suprema presuntas presiones de exministros y congresistas, en medio del caso de la UNGRD

En un testimonio obtenido por Noticias RCN y La FM, María Alejandra Benavides, testigo clave en el escándalo del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le entregó ante la Corte Suprema de Justicia detalles de las presuntas irregularidades que se gestaron en la entidad.

Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, afirmó haber recibido instrucciones para gestionar proyectos en favor de varios congresistas. Señaló que el propio Bonilla la presentó ante el exdirector de la UNGRD Olmedo López como la persona de confianza para atender "los temas".

La testigo mencionó iniciativas en Saravena, Cotorra y El Salado, en las que estarían interesados cinco congresistas. “El representante Wadith Manzur me expresó de manera verbal que él iba con la senadora Liliana Bitar y con el representante Julián Peinado en el caso del proyecto de Cotorra”, aseguró en el despacho del magistrado Misael Rodríguez.

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El alto tribunal investiga a congresistas que fueron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público —a la que en diciembre de 2024 renunció Manzur, representante a la Cámara de Santander por el Partido Conservador—, por al menos tres contratos que sumaban 92.000 millones de pesos y de los que los congresistas habrían coordinado su entrega a dedo.

Uno de los convenios era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; otro, para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos, y uno más para Saravena, Arauca, por 30.000 millones. Todos se trataban de obras de contención y prevención de inundaciones. Según las investigaciones y los testimonios de exdirectivos de la UNGRD, ninguno alcanzó su desembolso.

Benavides precisó que en el caso de Saravena la representante Karen Manrique, de las curules de víctimas y quien también renunció a la Comisión de Crédito, le manifestó que el proyecto era a nombre de ella y del exrepresentante del Meta Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde, quien renunció a la Cámara en febrero del año pasado. Según Benavides, Bonilla seguía de cerca el avance de las gestiones.

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Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la aseveración de que la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, le pidió eliminar conversaciones de WhatsApp. “Ella me dijo que si yo me sentía acomodada borrándolo, y yo lo borré frente a ella”, relató.

La exfuncionaria también habló de una reunión realizada en la Presidencia de la República el 27 de noviembre de 2023, en la que participaron el otrora ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la exministra de Trabajo y actual precandidata presidencial Gloria Inés Ramírez, junto a Olmedo López, exdirector de la UNGRD que le ha narrado a la justicia varias partes del entramado.

El encuentro coincide con el llamado “cónclave” que López había mencionado previamente en medios de comunicación, la Fiscalía y la Corte Suprema. Entre lágrimas, Benavides denunció amenazas contra su familia por colaborar con la justicia: “Que si hablaba, mi familia y mi abogado iban a pagar. Había una calavera y unas imágenes de unas lápidas”.

María Alejandra Benavides obtuvo en julio un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, lo que le permite acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia. El ente acusador le ofreció inmunidad total a cambio de declarar contra varios presuntos implicados, principalmente contra su exjefe, Bonilla.