Fiscalía pide principio de oportunidad para María Alejandra Benavides por caso UNGRD

La Fiscalía General solicitó al Juzgado 17 de Control de Garantías de Bogotá en una audiencia reservada que de luz verde al principio de oportunidad firmado con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, tras aparecer implicada en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El juez se abstuvo de adelantar de manera pública esta diligencia bajo el argumento de que se podría afectar la investigación y la seguridad de la exfuncionaria.

Esta negociación se pactó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos con inmunidad total por un año para la exfuncionaria, a cambio de que se convierta en testigo estrella de la Fiscalía contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios presuntamente implicados en este escándalo de corrupción.

Por disposición del juez a cargo del caso, se suspendió la audiencia para el próximo lunes 28 de julio para definir su avala o no este principio de oportunidad.

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La fiscal novena delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, anticipó que de ser avalada esta negociación la Fiscalía procederá a imputarle caros al exministro Bonilla ante el Tribunal Superior de Bogotá como supuesto autor de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Agregó que por ahora no se ha contemplado una petición de medida de aseguramiento contra el exministro Ricardo Bonilla, pese a las pruebas que tienen en poder los investigadores que lo relacionan con este escándalo de corrupción.

Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, María Alejandra Benavides sirvió de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.

En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la Fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya", indica el escrito de acusación.

En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.

En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.

“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.

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Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.

Según se señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.