Magnicidio de Luis Carlos Galán: Imputan cargos a exjefes paramilitares

Los investigadores también formularon cargos contra varios excabecillas de las autodefensas por la masacre de la Rochela (Santander).
Luis Carlos Galán
Luis Carlos Galán Crédito: Archivo Colprensa

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra los exjefes de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, por su responsabilidad en 452 hechos criminales, entre ellas el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca).

Esta imputación afectó a los postulados Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, ex jefe máximo del Bloque Mineros; Ramón María Isaza Arango alias el Viejo, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias Mac Guiver; Pedro Antonio Aristizábal, alias Pedrito; Guillermo de Jesús Acevedo y Rigoberto Rojas Mendoza.

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía documentó que los más de 450 hechos criminales que se le atribuyen al extinto grupo paramilitar están relacionados con los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

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Los hechos materia de imputación, que afectaron a 1.045 víctimas directas y más de 900 víctimas indirectas, fueron perpetrados entre los años 1982 y 1994, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas y Cundinamarca.

Durante la audiencia también se les formularon cargos por otros graves hechos como la masacre de La Rochela, perpetrada el 18 de enero de 1989 en Simacota (Santander), donde fueron asesinados 12 funcionarios judiciales y 2 más resultaron heridos.

Igualmente, se les sindicó de ser autores de la masacre de Honduras y La Negra ocurrida el 4 de marzo de 1988 en la vereda Currulao de Turbo (Antioquia), en la cual fueron asesinadas 20 personas y desplazadas varias familias.

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De manera simultanea la Fiscalía General adelantó diligencias de extinción de dominio sobre bienes vinculados con las extintas estructuras paramilitares.


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