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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero por aparentemente posesionarse en ese tribunal sin cumplir con la experiencia laboral exigida.
El organismo señaló que al parecer Baquero no acreditó los 15 años de experiencia profesional que son requeridos para desempeñarse como magistrado del CNE, pues solo demostró un total de 14 años, 11 meses y 25 días de ejercicio laboral a partir de la obtención de su título universitario como abogado.
La Procuraduría indicó que el magistrado habría incumplido su deber de acreditar oportunamente los requisitos exigidos para la posesión y el desempeño de ese cargo, pues la experiencia debía acreditarse al cierre de las postulaciones o el vencimiento del plazo para entregar las hojas de vida.
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Ese organismo advirtió que acreditar experiencia luego de entregar las hojas de vida para la postulación, sería una vulneración a los derechos de los demás candidatos que sí cumplieron con el requisito.
“Continuar contabilizando la experiencia profesional de algún aspirante después del cierre de las postulaciones, resultaría lesivo para los derechos de quienes sí acreditaron la totalidad de los requisitos en el citado plazo”, menciona el oficio.
El magistrado también será investigado disciplinariamente porque al parecer omitió declararse impedido oportunamente, teniendo la obligación de hacerlo para celebrar y supervisar un contrato de prestación de servicios con la empresa de servicios jurídicos Fortaleza Legal S.A.S., cuando se desempeñó como secretario general de la Defensoría del Pueblo entre 2020 y 2022.
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Altus Alejandro Baquero aparentemente suscribió el documento con esa empresa en la que trabajó como asesor antes de su posesión en la Defensoría del Pueblo, sin que hubiese transcurrido más un año desde su desvinculación tal como lo exige las normas actuales, pues el contrato fue firmado cuando habían pasado apenas seis meses desde su posesión.
Para la Procuraduría, con su presunta conducta el magistrado Baquero Rueda habría vulnerado los principios de legalidad, igualdad, moralidad e imparcialidad, y lo afectó con dos cargos disciplinarios calificados como falta grave cometida a título de dolo y falta gravísima a título de dolo.
