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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya comenzó a realizar las primeras actuaciones frente al reciente escándalo que sacude al Gobierno por los audios del exembajador Armando Benedetti, en los que señala que habría conseguido alrededor de 15.000 millones de pesos para financiar la campaña del entonces candidato Gustavo Petro.
En el desarrollo de las indagaciones que se adelantan desde el pasado mes de febrero, el magistrado que lleva este caso, Benjamín Ortiz, decidió llamar a Benedetti la próxima semana para que rinda testimonio y amplíe las informaciones que se han dado a conocer.
Pero no solo eso, también citó a Laura Sarabia, exjefa de gabinete del mandatario, para que entregue la información que tiene sobre la manera como se financió la campaña para la Presidencia de la República de la coalición del Pacto Histórico.
A raíz de esto, dentro del propio CNE ya se elevó la petición para que se amplíe el número de investigadores en este proceso y se nombre una comisión especial que se encargue de adelantar las pesquisas por los dineros que ingresaron a la campaña de Petro.
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La magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, presentó una carta ante la presidenta del tribunal electoral, Fabiola Márquez, en la que eleva esta solicitud formal.
“Propongo conformar una comisión especial que permita, ante la complejidad del caso, velar conjuntamente por las garantías constitucionales, las cuales, con seguridad seguirán siendo debatidas en nuestra sede administrativa por parte de los investigados”, señala en la misiva.
“Ha sido una práctica del Consejo Nacional Electoral conformar comisiones especiales en casos de relevancia e interés nacional como el que se estudia”, dijo la funcionaria, al recordar que así se actuó en la indagación que se le hizo a la campaña presidencial del entonces candidato Juan Manuel Santos Calderón.
La funcionaria solicita que en total haya tres magistrados investigadores, sin que esto signifique despojar de esa responsabilidad al magistrado Benjamín Ortiz, pero sí con el ánimo de consolidar una posición jurídica que le dé garantías a todos los involucrados en este proceso.
