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La magistrada Cristina Lombana de la sala de primera instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue fuertemente criticada hace unos meses por no declararse impedida cuando a su despacho llegó el proceso de presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.
En ese momento ella figuraba como militar activa del Ejército y al mismo tiempo como magistrada de una alta corte, frente a lo cual un sector consideraba que debía apartarse del proceso por que había integrado las Fuerzas Militares siendo Álvaro Uribe presidente de Colombia.
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La Sala de Instrucción decidió apartarla del caso y a raíz de eso, ella interpuso una tutela que perdió en el Consejo de Estado.
Hoy se vuelve a generar la duda sobre su competencia, porque en su despacho se encuentra el proceso preliminar contra el expresidente por su presunta relación con el denominado hacker Andrés Fernando Sepúlveda.
Esa investigación llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2015 a raíz de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía tras la condena de 10 años contra Sepúlveda.
El caso le había correspondido al despacho del magistrado José Luis Barcelo, pero con la creación de las salas de primera instancia le llegó a la magistrada Lombana.
El abogado y constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que si existe algún impedimento por parte de la magistrada, ella debería anunciarlo y si no lo hace la podrían recusar -algo que, según fuentes de la Corte no ha sucedido.
Para el abogado Iván Cancino, Lombana no tendría impedimento por cuento ya no es integrante activa del Ejércitoy porque la investigación está en averiguación, es decir, que no se ha tomado decisión de abrir investigación formal.
“Si analiza y llega a delimitar que el indiciado es Álvaro Uribe tendría que declararse impedida, pero mientras no sepa que es él, no tendría porque hacerlo (...) si ella no ve que está impedida tendrían que recusarla porque es un derecho de las partes”, dijo el abogado.
Dijo que sería “ridículo” el hecho de declararse impedida en un proceso “por haber sido subalterna de Uribe y porque fue oficial del Ejército”.
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El medio de esa investigación la magistrada Lombana ordenó el allanamiento del pasado 18 de diciembre a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejercito ubicado en Facatativá, y se ordenó la declaración de ocho oficiales la mayoría encargados de labores de inteligencia, de las cuales se practicaron cuatro el día del allanamiento.
Uno de los objetivos de la toma de testimonios sería al parecer, esclarecer las labores de inteligencia y presuntos seguimientos que realizan los uniformados en esa unidad de comunicaciones y si sus labores también están encaminadas a personajes de la vida pública.
Antecedentes Hacker Sepúlveda
Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado y violación de datos personales agravado.
En dicho preacuerdo el hacker se comprometió a contar la verdad sobre esas chuzadas. En sus declaraciones salpicó al expresidente Álvaro Uribe, de quien dijo que supuestamente conocía el funcionamiento de la sala ‘Andrómeda’ y que su trabajo también consistió en desprestigiar el gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las Farc.
