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El 18 de octubre de 2013, el abogado Víctor Pacheco Restrepo se trasladó hasta el apartamento del entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ubicado en un exclusivo sitio en el norte de Bogotá.
Dicho encuentro tenía como objetivo finiquitar el acuerdo para favorecer la acción de tutela presentada por la empresa Fidupetrol para tumbar la multa de 22.500 millones de pesos que le había impuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Pretelt le dijo al abogado barranquillero que era necesario el pago de 500 millones de pesos con el fin de facilitar primero, la selección de la tutela, y segundo que se avalaran las pretensiones de la empresa petrolera y anular la multa económica por el mal uso de las regalías en el departamento de Casanare.
Dicho mensaje le fue comunicado por Pacheco a las directivas de Fidupetrol para manifestarles la necesidad de hacer el respectivo pago, indicándoles que Pretelt ya estaba al tanto de la situación y de todas las minucias.
El tema de la tutela de Fidupetrol fue presentado nuevamente por Preltelt en un almuerzo celebrado en febrero de 2014 en el que estuvieron presentes el magistrado Mauricio González Cuervo y al expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, quien había sido contratado por la petrolera para que los representara legalmente en este asunto.
González Cuervo, quien había sido designado como el magistrado ponente para definir esta acción de tutela ante su respectiva Sala de Revisión, manifestó su incomodidad en dicho almuerzo e incluso se fue mucho antes que terminara.
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Después de ese encuentro el magistrado González Cuervo se mostró intranquilo por el tema de esta tutela, situación que se la puso de presente a sus otros compañeros de Sala, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza.
Las pretensiones de la acción de tutela fueron rechazadas por la Sala Plena y Fidupetrol tuvo que pagar la millonaria multa.
Teniendo en cuenta lo que consideró un interés inusitado por parte del magistrado Pretelt y una presión indebida con los otros togados, Mauricio González Cuervo presentó una denuncia contra su colega ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Después de un largo proceso, el expresidente de la Corte Constitucional fue sentenciado, en primera instancia, a seis años y siete meses de prisión por su responsabilidad en el delito de concusión.
El papel de Pretelt
Pese a lo manifestado en el juicio por la defensa de Pretelt, la Corte Suprema de Justicia le dio credibilidad total a la declaración de Víctor Pacheco, señalando que fue coherente frente a tiempo, modo y lugar ante los hechos materia de investigación.
La Sala de Instrucción determinó que el abogado no tenía ningún interés en mentir a la justicia o cambiar su versión para salvarse puesto que él ya había sido enjuiciado y condenado a una pena privativa de la libertad.
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“No pude pretenderse que de la noche a la mañana Víctor Pacheco hubiese hecho una manifestación de ese sentido, por el prurito simple de involucrar al doctor Pretelt en una actividad criminal imaginada, máxime que para entonces se tributaban amistad recíproca. Por el contrario, lo que enseñan los elementos materiales probatorios es que ese devenir delincuencial venía planeado de tiempo atrás”, precisa uno de los apartes del fallo.
En este sentido asegura que lo dicho por Pacheco fue corroborado por otros testigos, quienes dieron detalles de las reuniones que se sostuvieron, de los planes de Fidupetrol para presionar en la Corte Constitucional con el fin de lograr sus pretensiones y mover influencias para que la tutela llegara a un feliz término para ellos.
En otro de los apartes de la decisión, se cuestiona el hecho que el entonces magistrado sabiendo de la ilicitud de sus acciones –esto debido a su formación académica e intelectual- intentó por todos los medios para favorecer a Fidupetrol y su oscuro plan para mover esa tutela.
“El procesado Pretelt Chaljub realizó una solicitud que sin duda estuvo acompañada del abuso del cargo o de la función pública que ostentaba para entonces, dada su calidad de magistrado de la Corte Constitucional”, señala el fallo de 93 páginas.
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En este punto se manifiesta que incumplió los mandatos de su cargo, omitiendo todas sus funciones de control constitucional ante un caso que en el papel parecía de rutina pero que abrió las ventanas a uno de los peores escándalos de corrupción en la Rama Judicial.
“Al momento de ejecutar la conducta atribuida, Jorge Ignacio Pretelt tenía no solamente la capacidad para comprender la ilicitud, sino igualmente para determinarse de acuerdo con esa comprensión, pues no padecía de inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”, se indica en la decisión judicial.
La Corte también tuvo en cuenta el hecho que Pretelt fue a buscar al entonces magistrado Luis Ernesto Vargas Silva con el fin de manifestarle la necesidad que dicha tutela pasara a la Sala Plena y así continuar su apoyo para Fidupetrol.
Esta reunión fue grabada por el mismo magistrado Vargas Silva, quien declaró en el juicio sobre el interés de su compañero y la forma en que se refería al tema.
