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Tres horas de debate no han bastado para definir si la Corte Suprema de Justicia lleva a juicio a cinco congresistas y un excongresistas implicados en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Una ponencia del magistrado Misael Rodríguez sigue estancada entre los choques internos.
Rodríguez recabó pruebas y pisó el acelerador una vez Olmedo López, exdirector de la Unidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, firmaron sendos principios de oportunidad con la Fiscalía para delatar a quienes, junto a ellos, movieron sobornos a través de plata y contratos a cambio de votos en el Congreso.
En concreto, el proceso represado es el que apunta a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una célula de seis legisladores que aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita. En buena medida, el Estado no puede endeudarse sin su concepto favorable.
La Comisión tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca, renunciaron.
Ahora Manzur y Manrique aspiran a reelegirse en el Capitolio. El conservador quiere saltar al Senado, y Manrique, repetir su curul de paz. Las campañas observan atentamente los ecos de la Sala, que quiere imponerles medida de aseguramiento a Manrique y a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado. A Juan Diego Muñoz no.
Ese es uno de los líos principales, confirma La FM. Parece que hay un problema con la acusación contra Muñoz particularmente, que la separa de la cohesión que debería hilar el expediente contra los cuatro procesados y las dos procesadas. Para tratar de llegar a un consenso, la Sala optó por no buscar su detención preventiva.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del PAE en 2016.
Las acusaciones contra Karen Manrique y el origen de los contratos bajo sospecha
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente”, añadió la congresista.
López afirmó haberse encontrado en su oficina con Manrique, y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar, y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Horas antes de que empezara la sesión ordinaria de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
La defensa de Manrique y los testigos inexistentes
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia, porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. La semana pasada, su abogado, Andrés Garzón Roa, pidió remover al procurador del caso.
Carlos Ramírez, Andrés Torres, Luis Fernando Gómez, Diana Rodríguez, Jorge Martínez y Camila Herrera testificaron en contra de la representante a la Cámara. Así lo puso de presente el procurador Henry Bustos, el mismo del caso de Nicolás Petro. El problema es que, al parecer, ninguno existe.
Ramírez, se supone, es funcionario del Ministerio de Hacienda; Torres, una asesora legislativa; Gómez, exfuncionario del Congreso; Rodríguez, contratista en El Carmen de Bolívar; Martínez, funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), y Herrera, un “testigo referencial”.
Bustos listó a las personas en un escrito de alegatos preclasificatorios, una etapa previa a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decida si acusa o no a Manrique, quien presuntamente habría sido un enlace del gobierno de Gustavo Petro en el direccionamiento ilegal de contratos del entramado de la UNGRD.
Puede que Ramírez, Torres, Gómez, Rodríguez y Herrera sí sean reales. Pero hasta el momento no han rendido ninguna declaración en el expediente de Manrique. Al menos así lo denunció el defensor de la congresista, Andrés Garzón Roa, quien le pidió al procurador general Gregorio Eljach remover al procurador Bustos del caso.
“De los testimonios citados y de un minucioso estudio del expediente se tiene que ninguna de las primeras seis personas referenciadas rindió declaración o siquiera es mencionado dentro del mismo, lo cual implica, preliminarmente que se le estaría atribuyendo (...) un valor probatorio a unos elementos inexistentes”, dijo Garzón.
La defensa presentó un escrito de once páginas que cuestiona la actuación del procurador delegado. Henry Bustos aseguró que Jorge Martínez “confirmó” que Karen Manrique pidió “información detallada sobre ejecución presupuestal”. El supuesto funcionario de la UNGRD, añadió el procurador, “relató reuniones informales”.
La disputa jurídica dentro de la Corte Suprema y el debate sobre la detención preventiva
En contraste con el delegado, Garzón encontró que Martínez “no rindió declaración dentro de este expediente”. Su testimonio “es inexistente”, sentenció el abogado, aunque insinuó que, de ser real, no fue “objeto de traslado al presente proceso”. Su nombre no aparece “ni como testigo, indiciado, funcionario o tercero interviniente”.
Bustos le pidió al magistrado Misael Rodríguez acusar a Manrique. Rodríguez le presentó a la Sala de Instrucción una ponencia que, precisamente, pide llevar a Manrique, a Wadith Manzur, a Juan Pablo Gallo, a Liliana Bitar y a Juan Diego Muñoz, a juicio. El quid del asunto es la detención preventiva de los personajes.
“La invocación de un testimonio inexistente como fundamento de una solicitud de acusación configura una alteración sustancial del soporte probatorio, en la medida en que introduce al proceso un elemento fáctico ajeno a la realidad procesal, afectando el derecho de defensa y el principio de contradicción”, reclamó el abogado Garzón.
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Manrique, Bitar, Gallo, Manzur, Peinado y Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría no la apoyó. La segunda aún no es la vencida. Y la primera que se opone es la magistrada Cristina Lombana.
La única mujer en el paraninfo que hace las veces de fiscalía de congresistas compulsó copias, en mayo de 2025, para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue al magistrado César Reyes, expresidente de la Sala. Al parecer, el togado se reunió con los abogados de la exconsejera Sandra Ortiz.
Ortiz, detenida por el entramado, ha declarado en la Fiscalía y la Corte Suprema. Lombana, que investiga al senador Julio Elías Chagüi —del Partido de La U—, la citó a declarar sobre su papel en el escándalo. El oriundo de Cereté es uno de los presuntos beneficiarios de contratos que habría gestionado el exministro Luis Fernando Velasco.
Reyes se habría encontrado con la defensa de Ortiz para ofrecerle beneficios a la exsenadora, lo que extralimitaría las competencias de la Sala, que solo se encarga de las causas penales contra aforados. La pelea no ha llegado a una conclusión. Lombana también investiga a la senadora oficialista Martha Peralta.
Las confrontaciones internas en la Sala de Instrucción mantienen frenada la decisión
En febrero de 2025 hubo un conflicto de reparto que reapareció este miércoles. El expediente contra los cinco congresistas y un excongresista de la Comisión de Crédito Público estuvo primero en el despacho del magistrado Héctor Carvajal, pero la declaración que Olmedo López le dio terminó filtrada en medios de comunicación.
La Sala de Instrucción le quitó los folios y se los entregó al magistrado Rodríguez. El pleno de la Sala acordó que estuviesen a cargo de la presidencia de cada año, así que la reelección de César Reyes le otorgaba la responsabilidad, pero, para evitar contratiempos, la plenaria votó por la continuidad del externadista.
Una fuente le contó a La FM que la Sala tiene la idea de seguir debatiendo hasta llegar a una conclusión sobre Manrique, Gallo, Peinado, Manzur y Bitar. Parece un hecho que el excongresista Muñoz saldrá mejor parado. La Sala de Primera Instancia, por su parte, se prepara para la audiencia preparatoria de Iván Name y Andrés Calle.
La Sala ha examinado que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de la corporación. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostiene la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Según declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, Name —de la Alianza Verde y opositor de la administración de Gustavo Petro— habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos. Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría obtenido uno de mil millones.
Pinilla, confeso corrupto y condenado a cinco años de cárcel por su participación en la red criminal, le ha relatado a la justicia que el dinero para las coimas salió de los sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El propósito de la plata era acelerar el trámite de reformas del Gobierno.
El entramado de sobornos involucra a Iván Name, Andrés Calle y exfuncionarios del Gobierno
Quien habría ordenado entregar los recursos fue el prófugo Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) asilado en Nicaragua que también va a juicio en la Corte. Los pagos habrían llegado a manos de los entonces parlamentarios en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales.
La intermediaria para conseguir y llevar las millonarias sumas aparentemente fue la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, detenida asimismo de forma preventiva. La Fiscalía empezó a perseguirla luego de que Sneyder Pinilla la señalara de haber recibido los tres mil millones de Name.
Ortiz, cercana a Iván Name, le habría dado maletas llenas de billetes al otrora senador en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla, por su parte, ha admitido que él le entregó a Andrés Calle la plata en Montería, la capital de Córdoba, también con una maleta. El exsubdirector ha entregado chats que probarían el soborno.
Tanto González como Ortiz eran de la Alianza Verde, que los suspendió junto a Name en mayo de 2025, casi un año después de que la boyacense dejara su oficina en la Casa de Nariño. La Fiscalía le imputó a Sandra Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a Carlos Ramón González cohecho, peculado y lavado de activos.
La Fiscalía ha calificado al entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva. La Procuraduría indaga a Ortiz en el expediente de Name y Calle.
De acuerdo con Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que el exdirector Olmedo López consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende la inocencia de él.
Andrés Calle intentó salir de prisión. Le pidió a la Corte Suprema concederle libertad por el nacimiento de su hijo, porque renunció a la Cámara de Representantes y porque declaró bajo juramento que no votaría en las elecciones de 2026. La Corte lo rechazó. Sandra Ortiz interpuso una tutela con el mismo objetivo, y el alto tribunal la desestimó.
