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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro antiguos integrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP, por su participación en una política sistemática de secuestros y otros delitos graves cometidos en varias regiones del país.
Según informó la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los excombatientes fueron hallados responsables dentro del Caso 01, relacionado con las privaciones de la libertad perpetradas por las Farc.
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Los imputados fueron identificados como Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reynaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o 'Jairo Mechas' y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez.
Los crímenes fueron cometidos en departamentos como Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
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Aunque los cuatro comparecientes se encuentran actualmente sometidos al Sistema Integral para la Paz y cumplen con sus compromisos con el Acuerdo Final, solo Gil Forero había sido procesado previamente por la justicia ordinaria, indicó la magistrada.
Expresó, además, que la JEP les atribuye responsabilidad por crímenes de guerra, como toma de rehenes, homicidios, torturas, tratos crueles, violación, violencia sexual, desplazamientos forzados y atentados contra la dignidad personal.
También se les imputan crímenes de lesa humanidad, incluyendo desaparición forzada, asesinatos, otros actos inhumanos, y graves privaciones de la libertad.
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Lemaitre explicó que estos delitos, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.
La imputación se basa en una contrastación de información adelantada por profesionales que además incluyó informes de la Fiscalía General de la Nación, testimonios de víctimas, informes de organizaciones de la sociedad civil y versiones rendidas por 46 comparecientes del bloque Magdalena Medio. Además, se valoraron las observaciones de 29 víctimas que participaron en el proceso.
La Sala concluyó que los cuatro excomandantes tuvieron un rol de liderazgo y control en la región fronteriza para cuatro departamentos como Santander, Bolívar, Antioquia y Cesar. ejecutando la política de secuestros definida por el denominado 'Secretariado' de la antigua guerrilla.
Tenían la potestad de impartir órdenes y disciplinar a sus subordinados, lo que los hace responsables tanto por los delitos que ordenaron como por omitir el control frente a las atrocidades cometidas por su tropa.
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Durante la investigación, se documentaron múltiples casos de secuestros individuales y colectivos que evidencian los dos patrones criminales empleados por el Bloque Magdalena Medio: financiar la organización armada y ejercer control social y territorial.
El bloque operaba con ocho frentes rurales (el 4, 11, 12, 20, 23, 24, 33 y 46), así como con columnas móviles, financiadas por secuestros, extorsión, tráfico de coca y minería ilegal. Su objetivo era controlar ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Barrancabermeja y Cúcuta, junto con las rutas estratégicas que las conectaban con Bogotá.
