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Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados la excanciller, Laura Sarabia, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas luego de conocerse que el Gobierno habría intervenido para gestionar la estadía de Carlos Ramón González en Nicaragua.
La Denuncia hecha por la Red de Veedurías de Colombia, pidió a las entidades investigar a los mencionados por la supuesta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abusos de función pública y favorecimiento.
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El demandante señaló que desde el año pasado realizó varias denuncias ante la Fiscalía y ante los fiscales hoy cuestionados pidiendo que los mismos cargos por los que fue imputada la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, debería ser imputado el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
La demanda señala que al aparecer, la propia fiscal, Luz Adriana Camargo se habría confabulado con los fiscales también aquí mencionados para negarse a imputar y solicitar la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Carlos Ramón González, pasando seis meses después de la imputación contra Sandra Ortiz. En este sentido, habría dado tregua a González para abonar su terreno para salir del país y así evadir supuestamente la justicia.
En en el caso de Laura Sarabia, se señala que, ostentando su cargo como Canciller de la República, precisamente, habría gestionado, presuntamente, la residencia a través de una solicitud formal al Gobierno de Nicaragua, con la finalidad de regularizar la situación migratoria de Carlos Ramón González Merchán.
Entre tanto, hay que precisar que se efectuó la solicitud de captura – circular roja- mediante Interpol el pasado 4 de julio de 2025, es decir, 13 días después de que Carlos Ramón González fuera imputado.
Carlos Ramón González, en su condición de director del DAPRE, fue imputado y actualmente cuenta con orden de captura emitida por un juez de la república, dentro del caso que se conoce como corrupción en la UNGRD.
