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El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Alejandro Ramelli, hizo un llamado urgente a través de La FM de RCN Radio al Gobierno Nacional y a la sociedad ha repensar la paz tras el plan, pistola, promovido por grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que ha dejado un saldo de 27 policías y militares asesinados en varias zonas del país.
“Hay que repensar la paz en Colombia, que efectivamente ese ciclo de violencia que no se pudo cerrar, infortunadamente con el acuerdo de 2016, hay que cerrarlo de alguna manera porque quien está sufriendo es la población civil y efectivamente, si no hay una adecuada garantía de seguridad en esos territorios para la población frente a ese tipo de ataques, pues se van reproduciendo”, dijo el magistrado Ramelli.
De acuerdo con el magistrado Ramelli, estos homicidios son graves violaciones a los derechos humanos se constituyen en crímenes de guerra que no son amnistiables.
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“Y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, este tipo de delitos son crímenes de guerra, porque son personas que están en condiciones, digamos, fuera del servicio, que son víctimas de esos planes pistola. Esos son claros crímenes de guerra, violaciones muy graves al derecho internacional humanitario acometidos contra los integrantes de la fuerza pública, quienes en esos escenarios, pues obviamente son considerados como víctimas del conflicto”, indicó el magistrado Ramelli.
De igual forma, advirtió que producto de esta ola de violencia se han afectado las labores de búsqueda de restos de desparecidos en Colombia.
“Sí, efectivamente, esas alteraciones de orden público dificultan las labores de la JEP para poder llegar, por ejemplo, piensa en temas de desaparecidos o el tema de las sanciones propias”, indicó el magistrado Ramelli.
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También, señaló que “sí, hay varias zonas del país donde nosotros tenemos un sistema de monitoreo para poder llegar, somos una jurisdicción itinerante, viajamos constantemente por el país, pero hay condiciones donde nos dicen, mire, no se puede ir a determinada zona porque ustedes no tienen las garantías de seguridad y eso afectaría la labor judicial de poder, por ejemplo, llegar a hablar con las víctimas, a que los comparecientes cumplan sus sanciones en esos territorios”.
