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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la petición presentada por el exsenador liberal Álvaro Ashton para que el expediente que existe en su contra por el denominado escándalo del ‘cartel de la toga’ pase a conocimiento de este tribunal especial.
Ashton, quien se encuentra privado de su libertad desde octubre de 2017, se comprometió a entregar información efectiva y documentada sobre un grupo de altos funcionarios que habrían tenido relación con este caso de corrupción en la Rama Judicial, principalmente en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido indicó que cuenta con información que permitirá ampliar las líneas de investigación para vincular a otros funcionarios y empleados judiciales, así como datos que permiten ampliar la participación de los entones magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos, así como el exmagistrado Francisco José Ricaurte en el cobro de millonarias comisiones para entorpecer procesos.
La JEP admitió que este caso tiene una relación directa con el caso de ‘parapolítica’ –el cual fue admitido el pasado 24 de agosto- puesto que debido al pago de sobornos a los magistrados se desvió la investigación que se le adelantaba en la Sala de Casación Penal por sus presuntos vínculos y alianzas políticas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El exsenador, según reveló la Revista Semana, entregó un completo documento en el que se compromete a dar detalles sobre este caso de corrupción, así como sus vínculos con grupos paramilitares en el departamento del Atlántico y datos desconocidos sobre los debates en los que se aprobó la Ley de Justicia y Paz en 2005 en el marco del proceso de desmovilización de los ‘paras’.
Según la investigación, el excongresista habría pagado cerca de 1.200 millones de pesos para desviar la investigación que adelantaba en su contra el magistrado Gustavo Malo Fernández –quien enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por estos hechos-. Para este “trámite” se habría reunido con el entonces abogado litigante Luis Gustavo Moreno por solicitud del exmagistrado Francisco José Ricaurte –también procesado-.
Moreno, quien es considerado el “testigo clave” dentro de este caso, le manifestó a la Fiscalía y a la Corte Suprema, que en los encuentros que sostuvo con Ashton este le entregó 600 millones de pesos y se pactó la entrega de la otra mitad cuando se ordenara el archivo de la investigación.
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Los investigadores señalan que uno de los puntos clave de la “negociación” fue la eliminación de grabaciones realizadas por agentes del CTI, así como otros elementos que permitían inferir sus nexos con el Bloque Norte de las AUC para consolidar un apoyo a su campaña política. Igualmente, detalles de la forma en cómo se pactó la entrega de entidades públicas a los paramilitares.
Ashton todavía tiene pendiente un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber participado en una red de explotación sexual de menores de edad. Pese a su petición, este caso no fue admitido por la JEP al considerar que no tiene ningún tipo de relación con el conflicto armado.
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