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El senador Iván Cepeda radicó ante la Fiscalía General de la Nación una carta en la que le pide al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que aclare si lo investiga o no por los acercamientos que realizó con el Clan de Golfo, para un eventual sometimiento a la justicia de ese grupo.
Según Cepeda, hay vacíos en las recientes declaraciones entregadas por Martínez, en las que asegura que hay congresistas interesados en la aprobación de un artículo de la JEP que no permitiría la extradición de narcotraficantes y su impunidad.
Cepeda explicó que los acercamientos que tuvo con ese grupo ilegal fueron autorizados por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
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Dijo que el fiscal tuvo pleno conocimiento de todos los artículos que se incluyeron en la JEP antes de ser presentados al Congreso.
"Resulta incomprensible que el fiscal (Martínez) le diga a la opinión pública que un artículo que él mismo vigiló y que tuvo en sus manos antes de ser presentado al Congreso, haya sido una especie de estratagema para permitir la no extradición de narcotraficantes”, señaló Cepeda.
Lo que dijo Cepeda es que hay elementos que indicarían que el fiscal Martínez tiene intensiones de generar ante la opinión pública "la sensación de que alguien estaría promoviendo la no extradición de miembros de esta banda criminal".
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Ante esto, el senador Cepeda pidió la aclaración del fiscal y también le solicitó a Martínez que explique si sus declaraciones tienen que ver con el debate que se realizará el próximo lunes en el Senado con relación a la ley estatutaria de la JEP.
"Que me responda claramente cuáles son sus intenciones y si esto lo está haciendo para presionar de alguna manera el debate que se llevará a cabo el próximo lunes en el Senado con relación a la ley estatutaria de la JEP, y a las objeciones que ha presentado el presidente de la República”, dijo Cepeda.
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Finalmente, el senador Cepeda señaló que presume que las actuaciones del fiscal en su contra tienen que ver con el compromiso suyo con la paz y como represalia a la denuncia que interpuso contra el fiscal y el presidente, Iván Duque, por el presunto delito de prevaricato por acción agravado.
