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En 14 días el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, concluyó que las indagaciones técnicas arrojaron que los magistrados de la Corte Constitucional nunca fueron interceptados.
El pasado 02 de mayo en una rueda de prensa con los medios de comunicación el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, aclaró que el ente acusador se encontraba indagando por una supuesta intención de algunas personas en la delincuencia de chuzar las comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional.
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En esa rueda de prensa Martínez afirmó que “la información que yo proveí a magistrados de la Corte es de la existencia de un grupo delincuencial que tienen propósitos de interceptar sus comunicaciones privadas, con propósitos extorsivos, e inclusive respecto de uno de esos magistrados con quien me equivoqué y le di detalles específicos de los hechos (…). Se habla del propósito de llegar al fondo, inclusive de hacerle hechicería. El propósito sería el desprestigio de los magistrados, según se concluye por los analistas de esos audios”, dijo Martínez.
Cronología de las declaraciones
El pasado 30 de abril, dos días después de que el tema de las chuzadas se hiciera público por una revelación de Noticias Caracol, se conoció la carta en la que el fiscal Martínez le hizo saber a la presidenta de la Corte, Gloria Ortíz, que había delegado al fiscal Espitia para iniciar la indagación formal de los hechos. Ese mismo día, según contestó la Fiscalía en un derecho de petición a La FM, se expidió la resolución 513 colocando al fiscal Espitia al frente de las pesquisas. Para el 05 de mayo el proceso se encontraba en estado de indagación reservada.
El 02 de mayo fueron las declaraciones del fiscal a los periodistas en donde llegó a hablar de una supuesta intención de brujería de parte de los criminales que estaban planeando interceptar los teléfonos de los magistrados.
Y, finalmente, el 14 de mayo el fiscal Espitia concluyó que nunca hubo interceptaciones. Según el fiscal Martínez, el ente acusador hizo unas peticiones a la Corte desde el pasado 14 de febrero, lo que prueba que la investigación se dio a inicios del 2019. Esa investigación la inició otro fiscal, y se reasignó el 30 de abril al despacho del fiscal Espitia. Hasta ahora no se conoce cuál fue el fiscal que tuvo entre sus funciones analizar si había o no chuzadas ilegales al alto tribunal desde febrero. Pero su investigación, que duró tres meses, fue concluida en 14 días por el fiscal delegado, Fabio Espitia, argumentando que dichas chuzadas nunca existieron.
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