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Colprensa.
9 Mayo 2017 11:58 AM

General (r) Palomino niega tráfico de influencias y pide ser escuchado en interrogatorio

El abogado de Palomino habló al respecto.
La
Fm

La defensa del exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino, dijo que el oficial solicitó a la Fiscalía que lo cite a rendir interrogatorio antes de que se lleve a cabo la anunciada imputación de cargos en su contra, por el delito de tráfico de influencias.

Así lo confirmó Hisnardo Gómez, abogado del oficial, quien dijo que su cliente fue enfático en señalar que en ningún momento ha incurrido en un delito como el de tráfico de influencia para presionar o interferir en decisiones de la Fiscalía.

"El señor general fue muy claro en manifestarme que en ningún momento ha ejercido ningún tráfico de influencia sobre una fiscal para ningún propósito, más allá de lo que fue la preparación de un operativo que pretendía la Fiscalía y con ello capturar a unas personas", dijo el abogado Gómez.

De igual forma, sostuvo que espera que esta diligencia de interrogatorio se dé lo más pronto posible, ya que aunque el anuncio de la imputación de cargos fue recibido con sorpresa tiene toda la disposición de comparecer ante la justicia para dar las explicaciones correspondientes.

Fuentes judiciales señalaron que la imputación de cargos que anuncio la Fiscalía se relaciona con la denuncia que instauró en 2014 una fiscal adscrita a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto contra el general Rodolfo Palomino, porque supuestamente habría intentado impedir la acción de la justicia en la investigación sobre irregularidades en el Fondo Ganadero de Córdoba.

De acuerdo con el expediente, el entonces director de la Policía Nacional presuntamente intentó impedir la ejecución de varias órdenes de captura contra implicados en este escándalo.

En 2014, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra siete implicados en un proceso de despojo de tierras en Córdoba y la región de Urabá, que se inició tras la asociación de 170 denuncias de campesinos víctimas de desplazamiento forzado que durante una década fueron presentadas ante las Fiscalías de Medellín, Apartadó, Córdoba y Bogotá.