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La Fiscalía General le imputará el delito de fuga de presos a la excongresista Aida Merlano, quien fue recapturada en la tarde de este lunes en Venezuela.
La exrepresentante a la Cámara, quien se fugó el pasado primero de octubre después de asistir a una cita odontológica en el norte de Bogotá, será presentada -después que se adelante todo su trámite de extradición- antes un juez de control de garantías.
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Este procedimiento, según señalaron fuentes judiciales, podría tardar bastante debido a las problemáticas relaciones internacionales y acuerdos de justicia que existen entre Colombia y Venezuela.
Tras una sesión en su procedimiento de diseño de sonrisa, Merlano se despidió de su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda, del odontólogo Javier Cely Barajas y acto seguido cogió una cuerda y se lanzó a la calle donde la esperaba una motocicleta.
La excongresista había sido traslada hasta el Centro Médico La Sabana -ubicado en la calle 116 con Carerra Séptima- en compañía de una guardía del Buen Pastor y un conductor.
El supuesto procedimiento exprés que surgió para ordenar su traslado para que continuara con su diseño de sonrisa, hecho que se encuentra bajo una investigación penal y disciplinaria.
Desde ese momento se desconocía el paradero de la exrepresentante a la Cámara por el Atlántico quien tenía todo listo para presentar un acuerdo de negociación con la Fiscalía General para entregar información sobre los hechos de compra de votos en medio de su campaña al Congreso en el año 2018.
Su defensa anunció que como parte de la negociación la dirigente política iba a presentar información sobre varios barones electorales del departamento, empresarios y congresistas que habrían tenido participación en su plan para comprar votos.
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Merlano fue sentenciada en septiembre de 2019 por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
El alto tribunal determinó que la dirigente política lideró una organización para presionar y comprar electores con el único fin de ser elegida para el Senado en el período 2018-2022.
En el mismo fallo se compulsaron copias ante la Fiscalía General para investigar al empresario barranquillero, Julio Gerlein -principal financiador de la campaña de Melrano- por su presunta participación y conocimiento en la compra de votos.
La Corte también le pide a la Fiscalía investigar a Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carolina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeth Llinás y Ana Niebles.
Por estos mismos hechos el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al determinar que con su actuar intentó afectar directamente el proceso democrático.
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