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Agentes especiales de la Fiscalía General de la Nación avanzan en el rastreo financiero, movimientos de las cuentas bancarias, de los abonados celulares y los registros migratorios del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, en desarrollo de las investigaciones para definir si le imputa cargos por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
El grupo de tareas especiales que coordina estas investigaciones en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, lleva a cabo toda una serie de práctica de pruebas técnicas y documentales en el marco de proceso penal.
Como parte de estas diligencias la Fiscalía acudió ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar legalizar los elementos encontrados en el marco de estas diligencias judiciales.
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De manera simultánea el grupo de tareas especiales de la Fiscalía acudió ante un juez para avanzar en la legalización de los elementos detectados en el marco del rastreo financiero, movimientos de las cuentas bancarias, y de los abonados celulares de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, dentro del proceso que se sigue en su contra por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
En desarrollo de este proceso, tanto Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad, han aportado una serie de evidencias que presuntamente vinculan a estos dos exfuncionarios del Gobierno Nacional con estos graves hechos de corrupción en materia de contratación.
En el transcursos de las audiencias de judicialización contra la implicados en este caso, la fiscalía mencionó que por ejemplo, Olmedo López se reunió en septiembre del 2023 con Carlos Ramón González en el Palacio de Nariño, en donde el entonces director del Dapre ordenó que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos para beneficiar a Iván Name ($60.000.000) y Andrés Calle ($10.000.000).
En la lectura de la transcripción de los audios, la fiscal delegada dio a conocer que Carlos Ramón González respaldó a Olmedo López como director de la UNGRD, pues eran conscientes de la situación de las reformas en el Congreso. Por esa razón, supuestamente se impartió la orden de entregar los 1.000 millones de pesos Andrés Calle y los 3.000 millones de pesos Iván Name.
En el caso de Sandra Ortiz, la Fiscalía tiene previsto acudir ante un juez especializado de Bogotá el próximo 10 de abril para acusarla de manera formal como una de las protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Dentro de las pruebas que recolectó la Fiscalía se encuentra el propio celular de la exfuncionaria del Gobierno Nacional y el cruce de celda realizado por los peritos que demostraría la declaración entregada por Sneyder Pinilla sobre los movimientos realizados por la exconsejera para la supuesta entrega del dinero al expresidente del Congreso.
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De acuerdo con las indagaciones y el testimonio de Sneyder Pinilla, dicha entrega se habría realizado en el Hotel Tequendama en Bogotá, en donde la exconsejera estuvo hospedada en las habitaciones 2312 y 2304.
Ortiz se habría reunido en septiembre de 2023, con el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para recibir 3.000 millones de pesos, que serían destinados a Iván Name, el objetivo, favorecer la agenda legislativa del Gobierno.
Actualmente, la exconsejera presidencial se encuentra detenida en una guarnición militar.
