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La Fiscalía General confirmó que actualmente se está investigando presuntas amenazas al magistrado Alberto Rojas Ríos, integrante de la Corte Constitucional que tiene en sus manos la ponencia sobre el futuro del uso del glifosato en el país.
Desde la Fiscalía confirmaron que el magistrado ha recibido dos sufragios, uno de ellos enviado a uno de sus familiares, al parecer sobre advertencias relacionadas al futuro de la decisión.
Al respecto las autoridades ya tomaron cartas en el asunto e incrementaron los esquemas de seguridad del magistrado del alto tribunal.
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Sobre el tema del glifosato, en meses pasados la Corte adelantó una audiencia pública en la que escuchó a representantes del Gobierno y opositores a la reanudación de las aspersiones.
El estudio que hace el alto tribunal se relaciona con el seguimiento a una de sus sentencias, en la cual se emitieron una serie de ordenes encaminadas a la permisión del uso del glifosato.
Se trata de la sentencia de tutela T- 236 de 2017, que con ponencia del magistrado Aquiles Arrieta examinó la posible afectación a la salud de los habitantes del municipio de Novita, en el departamento del Chocó, con el uso del glifosato.
En otras oportunidades, la Corte Constitucional ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos de droga en el país.
De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, la Corte ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente.
Por ejemplo, en la sentencia T-300 de 2017 la Corte estudió la fumigación aérea en zonas cercanas a cinco cabildos de la comunidad indígena Nasa y un resguardo indígena ubicado en el departamento de Putumayo.
En la sentencia T-080 de 2017 la Corte constató que la realización de fumigaciones con glifosato en los territorios del pueblo Carijona del resguardo indígena Puerto Naré en el departamento de Guaviare“generó graves afectaciones a los cultivos tradicionales, el bosque tropical y las viviendas de la zona”.
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