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Tras una reunión de dos horas, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, definieron unas líneas de acción con el objetivo de trabajar de manera articulada entre ambas jurisdicciones con el único objetivo que la justicia pueda operar.
El ente investigador y la JEP acordaron la creación de mesas técnicas de trabajo con el fin de revisar temas relevantes y agilizar la cooperación.
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“Para desarrollar mesas técnicas de trabajo que hemos convenido con la Jurisdicción Especial para La Paz en el buen propósito de consolidar esa nueva arquitectura institucional que supone la justicia de transición y la interacción con la justicia ordinaria”, dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Asimismo, sostuvo que es evidente que tanto la Fiscalía como la JEP tienen un material de trabajo conjunto enorme, frente al cual el desafío es aún mayor.
El fiscal indicó que el objetivo es que la justicia pueda operar "en relación con los delitos que pudieron haber ocurrido con ocasión del conflicto, respetando la independencia y autonomía de cada jurisdicción y las competencias que tiene la Fiscalía frente a hechos que pueden haberse cometido después del acuerdo de paz”.
Entre tanto, la presienta de la JEP, Patricia Linares, dijo que el objetivo es lograr a través de una labor coordinada poder presentarle a las víctimas y al país mejores y resultados más prontos de los procesos que tienen a su cargo.
“De mi parte agradecerle al fiscal y a la vice fiscal porque logramos identificar varios temas en los que aspiramos trabajar en conjunto que admiten una articulación y colaboración permanente de las dos jurisdicciones para poder avanzar de manera coordina y armónica”, dijo la magistrada Linares.
Informes de desaparición forzada
La Fiscalía General entregó dos nuevos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los que se detallan dos nuevos ejes de investigación relacionados con hechos ilícitos cometidos por las Farc y agentes del Estado durante el conflicto armado.
Según trascendió, estos dos nuevos informes preparados por los investigadores de la Fiscalía se relacionan con casos documentados de retención y ocultamiento de personas.
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En los informes presentados este martes, se señala que entre sus "objetivos organizacionales para la toma del poder" los integrantes de las Farc "atentaron contra los derechos de las personas, privándolas de su libertad y ocultando información acerca de su paradero".
En los documentos se reseñan 8.282 procesos por hechos de desaparición forzada ejecutados por las Farc, los cuales representan 9.257 víctimas. Por estas acciones se adelantan 4.194 procesos.
"El primero de los casos ocurrió en el año de 1962 en el departamento de Tolima y el último hecho reportado se registró en diciembre de 2015 en el departamento de Nariño", precisa el documento.
La Fiscalía General reseñó que en 7.617 de los casos eran hombres, mientras que 1.432 eran mujeres. En 208 casos no se cuenta con sexo de la víctima.
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"En lo que tiene que ver con la edad se encontró que la edad más recurrente está entre los 18 y 25 años con 1.697 investigaciones", precisa. El departamento con mayor número de casos reportados en Antioquia con 1.677. Le sigue Meta (1.451) y Caquetá (605).
Por estos hechos se han emitido 22 sentencias condenatorias contra integrantes de las Farc.
Agentes del Estado
Frente a los agentes del Estado, la Fiscalia General determinó su participación en 294 procesos con 675 víctimas. "En los registros se estableció que 1.244 personas han sido procesadas, de los cuales 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos".
Igualmente fueron vinculados 94 policías, 14 funcionarios del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y 10 integrantes de la Armada Nacional.
"Se recopiló información sobre la vinculación de 226 integrantes de Grupos Armados al Margen de la Ley (Gaoml). También se evidenció la vinculación 85 terceros, entre ellos dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)", señala el informe.
Los departamentos que registraron mayor número de desapariciones forzadas ejecutadas por agentes del Estado son Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá, Chocó y Norte de Santander. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años "quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales".
Por estos hechos han sido sentenciados 159 integrantes del Ejército, nueve policías y un funcionario del DAS, así como 77 integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y siete particulares.
