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Pese a que el Gobierno Nacional expresó su respaldo a la reforma impulsada por el senador Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el proyecto aún no logra mayorías y sigue muerto.
El Centro Democrático y las bancadas de gobierno trataron de revivir la iniciativa, que tiene el propósito de crear una nueva sala en la JEP para el juzgamiento de los militares, pero no obtuvieron los votos necesarios para hacerlo.
Quienes respaldan el acuerdo de paz advirtieron que se trata de una iniciativa muy peligrosa para la seguridad jurídica de la Fuerza Pública.
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El senador Roy Barreras dijo que “en la Comisión Primera del Senado sigue habiendo quienes defiendan la paz, quienes defiendan la verdad y la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares. No pasó la semana pasada, no pasó hoy y no pasará ningún proyecto que acabe con la seguridad jurídica de los militares para beneficiar unos políticos en silencio y la impunidad”.
El senador Rodrigo Lara insistió en que este proyecto podría generar una intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia.
“Puede significar que entre 50 y 60 oficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares de Colombia, terminen con investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional y el país debe tener en cuenta la inseguridad jurídica que le puede significar a las Fuerzas Militares”, manifestó.
Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, respondió negando cualquier viso de impunidad con este proyecto.
“No hay que perder la esperanza, aquí no se está buscando impunidad, estamos buscando un equilibrio en la investigación y juzgamiento de las personas en la Justicia Transicional”, dijo.
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La senadora Paloma Valencia advirtió que seguirán luchando por revivir este acto legislativo, que tiene el único propósito de salvaguardar a los uniformados.
“No vamos a aceptar que las Fuerzas Armadas de Colombia no tengan garantías. En el país no ha habido dictadura como para aceptar magistrados que vienen nombrados por tres extranjeros. Y tampoco aceptamos que haya impunidad”, manifestó.
El proyecto aún no tiene las mayorías para ser aprobado. Si se hubiera puesto a consideración de los congresistas, se hubiera podido ratificar su hundimiento con una votación de 10 en contra y nueve a favor.
Sin embargo, al ver que no se tenía el respaldo suficiente, la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado aplazó la toma de una decisión sobre el proyecto.
