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Para este jueves está programada la audiencia de acusación contra el empresario Carlos Mattos por presuntamente enviarle 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández después que dejara en firme las medidas cautelares que le permitían seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
Mattos, quien se encuentra en España desde hace dos años, tendrá que responder por el delito de cohecho (pago de sobornos).
La Fiscalía General estableció que Mattos envió a una persona de su confianza para que ubicara a la jueza con el fin de manifestarle su agradecimiento por la decisión tomada y le asegurara que iba a recibir una especie de recompensa.
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El oficial mayor del juzgado sexto civil, Dagoberto Rodríguez –quien aceptó cargos por este escándalo de corrupción- fue el encargado de hacerle llegar a la jueza el dinero en efectivo que le envió Mattos.
Pese a que en un principio se le hizo llegar en una caja de zapatos 30 millones de pesos, la funcionaria judicial aseguró que esa cifra era muy pequeña por todas las acciones que había tomado, situación por la cual se acordó enviar más dinero en efectivo como “agradecimiento”.
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Fue así como se fijaron otras citas para realizar la entrega del dinero. La jueza sostiene que fueron en total fueron 100 millones de pesos, mientras que Rodríguez -quien es testigo clave de la Fiscalía tras un preacuerdo y un principio de oportunidad- asegura que fueron en total $200 millones.
El pasado 8 de mayo, el juez 27 de control de garantías revivió una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del empresario Carlos Mattos. Tras esta decisión la Fiscalía General inició los trámites para solicitar la circular azul para ubicar al expresidente de Hyundai Colombia.
Mattos enfrenta un proceso penal por ejecutar un complejo plan para direccionar que una demanda presentada por la empresa que representaba llegara directamente al juzgado sexto civil de Bogotá. Para lograr su cometido pagó millonarios sobornos a funcionarios de la Rama Judicial.
El empresario había girado más de dos mil millones de pesos para manipular todo el sistema informático de los juzgados civiles de la capital de la República y que la acción judicial llegará directamente a ese juzgado que avaló las medidas cautelares para la empresa Hyundai Colombia en el pleito que tenía con el Grupo Eljuri de Ecuador para la distribución en el país de los vehículos de la marca coreana.
Por estos hechos ya fue acusado formalmente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicación, daño informático y acceso ilegal a sistema informático agravado.
