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En junio de 2016, la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández fue abordada por el oficial mayor del juzgado sexto civil Dagoberto Rodríguez. En esa oportunidad la felicitó por su decisión de ratificar las medidas cautelares para la empresa Hyundai Colombia, en el pleito que tenía con el Grupo Eljuri de Ecuador para la distribución en el país de los vehículos de la marca coreana.
Rodríguez, quien ha manifestado su interés de colaborar con las autoridades, relató que en dicho encuentro se le manifestó que en agradecimiento el empresario Carlos Mattos le iba a enviar “un detalle”. El exfuncionario judicial –quien ya aceptó cargos por el direccionamiento del expediente en el caso Hyundai Colombia- narró que él fue el encargado de darle posteriormente este regalo.
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En un encuentro en un concurrido centro comercial en el occidente de Bogotá, la jueza recibió una caja envuelta con cinta. “Cuando yo llegué al apartamento abrí la caja de zapatos la cual estaba muy sellada. Quité las cintas y en la caja de zapatos había 30 millones de pesos”, reconoció la misma funcionaria judicial en su interrogatorio.
Sin embargo, después de esa primera entrega, la funcionaria judicial le habría manifestado que esa cifra era muy pequeña por la decisión que había tomado. Fue así como poco tiempo después se fijaron otras citas para realizar la entrega de otro dinero. La jueza sostiene que fueron en total 100 millones de pesos, mientras que el testigo clave asegura que fueron en total $200 millones.
Una parte de este dinero los iba a utilizar en su defensa jurídica en un proceso penal que se le adelantaba en la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia que presentó una empresa. “Fueron cuatro entregas y $100 millones. No más. Esto es una aceptación libre, voluntaria y he entendido lo que la Fiscalía me ha imputado”, señaló Hernández en la audiencia de imputación de cargos.
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“En tres oportunidades más le entregó cifras similares y ubicó los sitios en su apartamento donde le entrega a usted en total 200 millones de pesos”, manifestó el fiscal del caso citando la declaración de Dabogerto Rodríguez.
Sin embargo, el ente investigador no tiene evidencia suficiente para corroborar que el soborno fue superior a los 100 millones de pesos.
“La Fiscalía estima que la cuantía se acerca a la cifra por ella narrada. Insistiendo que no contamos con la posibilidad de establecer. Estos dineros no se registran en el sistema financiero, estos dineros no tiene contabilidad como para llegar a establecer cuánto realmente fue lo que le pudo haber enviado el señor Mattos o cuánto realmente fue lo que recibió la imputada”.
La jueza, quien tiene una medida restrictiva para salir del país, está a la espera que se fije la condena en su contra por el delito de cohecho (aceptación de sobornos). Como aceptó cargos en la audiencia de imputación de cargos la ley fija una rebaja del 50% del monto de la sentencia.
Por estos mismos hechos la Fiscalía General le imputará el próximo 12 de febrero el delito de cohecho por dar u ofrecer al empresario Carlos Mattos, quien actualmente se encuentra en España.
