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Un nuevo debate se abrió en país, luego que el alto tribunal determinara que las consultas populares no pueden vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos, argumentando que prevalece el interés nacional y no el municipal o regional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó una ponencia que fue presentada por la magistrada Cristina Pardo, en la que señaló que el Estado colombiano es propietario de los recursos del suelo y subsuelo.
La anterior decisión de la Corte Constitucional se presentó después de una tutela presentada por Mansarovar Energy, multinacional asiática interesada en un proyecto de explotación petrolífera en Cumaral (Meta) que por el momento está detenido, luego que los pobladores de este municipio rechazaran la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en su territorio, por medio de una consulta popular realizada en abril del año pasado.
“¿Está usted de acuerdo ciudadano Cumareño que dentro de la jurisdicción del municipio Cumaral se ejecuten actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria, producción de hidrocarburos? SI - NO". Fue la pregunta a la que 7.475 sufragantes se manifestaron por el ‘No’, y 183 por el ‘Sí’, es decir, un 97% contra un 3%.
Teniendo en cuenta lo anterior, Luis Arturo Ramírez, asesor jurídico de la consulta popular adelantada en Cumaral, dijo que por el momento no han sido notificados sobre la determinación de la Corte que, a su modo de ver es una "sentencia no en derecho constitucional, sino más política", presionada por "el Gobierno y las multinacionales".
"La Corte con esta sentencia está rompiendo su tradición jurisprudencial de más de 25 años, donde parece darle más importancia a unos intereses particulares de una empresa multinacional", dijo el jurista en diálogo con RCN Radio y La FM.
Por su parte Fredy Martínez, líder ambientalista del municipio de Cumaral, mostró su preocupación por la sentencia y dijo que no están defendiendo su territorio "por un capricho", sino por un contexto ambiental que conocen de su municipio.
Consideró que se están tomando unas decisiones "muy sesgadas y premeditadas", sin un conocimiento de fondo de qué es lo que pasa en el tema ambiental de Colombia.
"Esta es una Corte premeditada, sesgada a lo político, más que a lo jurídico. La función de la Corte es resguardar la Constitución; por ejemplo, el Artículo 79 obliga a la constitucionalidad del Estado a que proteja el medio ambiente. Vemos un alto tribunal que no está con la responsabilidad jurídica y no lo estamos viendo solo los cumaraleños, lo está viendo el país y el mundo", afirmó Martínez.
De igual modo, manifestó que defenderán su territorio con altura, claridad, y pedagogía.
"Mansarovar y Sinopec se fusionan como un Ecopetrol de India y China. Esas dos empresas representan la novena economía más grande del mundo en el tema petrolero (...) Esas dos compañías vienen por un contrato tan jugoso que elevaría 70 veces más sus arcas, porque aquí encuentran todo; el agua para poder lavar su crudo, unas vías hechas, encuentran geográficamente y topográficamente un pueblo donde todo lo tienen a la mano", concluyó el líder ambiental.
Cabe recordar que la Corte Constitucional otorgó un plazo de dos años al Congreso de la República para expedir una regulación sobre la importancia ambiental y social frente a la extracción minera.
