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En 2012, Alejandro Lyons Muskus pasó de ser un completo desconocido de la política colombiana a ser elegido como Gobernador del departamento de Córdoba. En sus cuatro años de mandato se firmaron millonarios contratos que tenían como objetivo mejorar el servicio de la salud para la población más vulnerable y de bajos recursos.
Sin embargo, muchos de los recursos de esos contratos fueron desviados para otros fines, entre ellos el pago de deudas y el enriquecimiento ilícito de particulares. No sobra decir de más que los servicios contratados nunca se prestaron, afectando gravemente las finanzas del departamento y generando un millonario desfalco a la salud.
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En 2017, el nombre de Muskus volvió a ocupar los principales titulares después que se conocieran evidencias que demostraban los malos manejos de recursos en su administración, así como las graves irregularidades que tenían al departamento en saldos rojos.
En esa oportunidad la Fiscalía General anunció una imputación de cargos por 20 delitos por el llamado 'cartel de la hemofilia', una serie de contratos que tenían como finalidad la atención de pacientes con esta enfermedad en la sangre.
Sin embargo, pese a este anuncio y a la orden de captura que se iba a emitir en su contra, Lyons salió de país rumbo a los Estados Unidos. La audiencia en su contra se suspendió en repetidas oportunidades por solicitud de su defensa.
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La diligencia quedó en vilo. No fue hasta el 27 de junio de 2017 que se conoció la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla que el nombre del exgobernador volvió a salir a flote.
¿Por qué? Tanto Moreno como Pinilla le habrían exigido el pago de una millonaria suma de dinero con el único fin de suspender el proceso penal que se le adelantaba en su contra por este desfalco a la salud.
Tanto el fiscal como el abogado penalista se habría reunido con Lyons en el aeropuerto de Miami (Estados Unidos) para entregarles un sobre con 100 mil dólares como parte del acuerdo.
El exmandatario ya le había dado aviso a las autoridades de los Estados Unidos sobre esta exigencia de dinero, hecho por el cual se montó un rápido operativo con el fin de recopilar información y coger a Moreno y Pinilla con las "manos en la masa".
El exgobernador, quien pasó de procesado a colaborador, abrió la puerta para el denominado escándalo del 'cartel de la toga', una estratagema que tenía como único fin el cobro de sobornos para archivar procesos contra aforados constitucionales en la Corte Suprema y la Fiscalía General.
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Con su colaboración, Lyons pudo desviar la atención de las autoridades judiciales puesto que recibió un estatus de testigo protegido para colaborar con las autoridades y entregar la información.
Este jueves, el exmandatario departamental fue capturado en Miami (Estados Unidos) después que las autoridades de ese país determinaran que había finalizado su estatus de testigo protegido por la DEA dentro de las investigaciones que se adelantaban por el 'cartel de la toga'.
Con esto se abre la puerta para su deportación a Colombia donde tiene pendientes varios procesos penales, disciplinarios y fiscales por hechos de corrupción. La defensa de Lyons ha presentado una serie de solicitudes para que se le otorgue un asilo político argumentando que su vida corre riesgo por la colaboración con las autoridades que ha permitido judicializar a magistrados de las altas cortes, congresistas y funcionarios públicos.
Los procesos pendientes
El exgobernador de Córdoba tiene pendiente cumplir una condena de cinco años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo del 'cartel de la hemofilia', sentencia emitida después que firmara un preacuerdo con la Fiscalía General en el cual aceptaba su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.
Por estos mismos hechos firmó un principio de oportunidad para que cesara la persecución penal en su cotnra por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Igualmente tiene pendientes un proceso disciplinario por el 'cartel de los tratamientos odontólogicos' por las irregularidades que se presentaron en un contrato por un valor de tres mil millones de pesos.
Este convenio se firmó bajo la figura de urgencias vitales pese a que se trataba de un tratamiento de odontología para los pobladores del departamento sin justificación alguna.
