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Luego que la jueza 34 de conocimiento de Bogotá emitiera sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas por hechos de corrupción relacionados con la cesión del contrato de la Fase III de Transmilenio por la calle 26; el exmandatario le manifestó a la funcionaria judicial que él es inocente de todos estos hechos.
Moreno Rojas, en una breve intervención, le manifestó a la funcionaria que él está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, situación que está prohibida por la Constitución Política y la ley.
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"Todo el análisis que se hizo reitera, no solamente mi inocencia en estos hechos, sino también el tema del doble juzgamiento por los mismos hechos", dijo el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno en la audiencia que se celebró este miércoles en el complejo judicial de Paloquemao.
Considera que si se le impone una condena de 33 años de prisión, como lo solicitó la Fiscalía General, estaría pagando tres cadenas perpetuas.
El exalcalde tiene en su haber una sentencia de 24 años de cárcel y otra de 39 años de prisión. Por esto le dijo a la juez: "aquí hay una solicitud de pena de 33 años y si usted acoge esa solicitud de la Fiscalía no tendría una sino tres condenas perpetuas".
Debido a esto le pidió a la jueza que se unifiquen las sentencias. "Creo que debe moverse en los cuartos medios y de manera muy respetuosa le solicitaría que se moviera en el segundo cuarto, de acuerdo a la tasación punitiva".
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Finalmente señaló que está sometido al régimen penitenciario y está haciendo redención de pena, en referencia a la petición de la Fiscalía General de trasladarlo de la Escuela de Carabineros donde se encuentra actualmente a la cárcel La Picota.
Este miércoles, Moreno Rojas fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir.
La Fiscalía General y los abogados de víctimas le solicitaron a la funcionaria judicial que el exalcalde sea condenado a 33 años de prisión y trasladado a un centro carcelario.
El exmandatario distrital enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la adjudicación del contrato de Tunjuelo-Canoas -que le fue adjudicada a un consorcio en el que tenía participación Odebrecht- para la descontaminación del Río Bogotá.
