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Un juez de control de garantías declaró ilegal la captura de Felipe Rodríguez Mariano, miembro del comité evaluador del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), investigado por graves hechos de corrupción en contratos en la segunda fase del escándalo de la denominada mermelada tóxica.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 18 penal de control de garantías de Bogotá, tras concluir que la detención del funcionario se produjo en virtud de una orden de registro y allanamiento del pasado 19 de julio que adolecía de todos los requisitos para hacer efectiva la captura.
Sin embargo, Rodríguez Mariano continúa vinculado al proceso y declaró, al termino de la audiencia, que seguirá compareciendo a los llamados que le haga la justicia.
La Fiscalía no apeló la decisión del juez y prepara la imputación de cargos contra los otros seis capturados por este caso: Jorge Eliécer Córdoba Quintero, integrante de la oficina jurídica de Fonade y Antonio María Sánchez Lozano, integrante de la oficina jurídica de Fonade; los contratistas Amaury Segundo García De La Espriella y Juan Felipe Morales Tabares y los particulares Richard Kamal Náder Ordosgoitia y Ronald Rafael Ruiz de León.
Cabe mencionar que por estos hechos la Fiscalía formulará imputación de cargos el próximo martes 24 de julio a los capturados por diferentes delitos como interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concierto para delinquir, concusión, corrupción privada, falsedad en documento, entre otros.
Los investigadores de la Fiscalía revelaron que más de mil horas de interceptaciones telefónicas y otra serie de pruebas documentales hacen parte de las evidencias existentes en contra de los detenidos.
Según la investigación, los contratos se adjudicaban a personas que a través de falsedades los recibían gracias a su presunta relación con el representante Eduardo José Tous de la Ossa y el exsenador Musa Besaile.
La Fiscalía indicó que este caso se origina en una invitación hecha por Fonade el 2 de marzo de 2017, para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.
Estas evidencias también le permitieron advertir a la Fiscalía que para lograr que fuera un hecho la adjudicación del contrato objeto de investigación, en varias ocasiones habría intervenido el congresista Eduardo José Tous.
Los pagos de "coimas"
Los investigadores detectaron que se habría pactado un pago de 4.153 millones de pesos para senadores, entre ellos Musa Besaile, correspondientes al 25% del valor total del contrato.
En el caso de los supuestos intermediadores del exsenador Musa Besaile, se habrían pagado cerca de 60 millones de pesos a Richard Náder y 36 millones de pesos Ronald Ruiz de León.
Igualmente se canceló la suma de 15 millones de pesos a los funcionarios del área jurídica de Fonade que participaron en la operación y se tiene prueba de una promesa por 200 millones de pesos al equipo evaluador de proyectos de Fonade, que iban a ser pagados durante la ejecución del contrato.
Estas "coimas" se suman a los 200 millones de pesos ofrecidos a Marcela Alies Fuentes, quien aportó la experiencia al consorcio adjudicatario, de los cuales ya le habrían pagado $50 millones.
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