La FM en Google News
En un operativo conjunto entre la Fiscalía General y la Policía Nacional, fueron ocupados con fines de extinción de dominio un total de cien bienes avaluados en 200.000 millones de pesos, pertenecientes a los integrantes de una red criminal denominada 'El Mesa'.
Los investigadores recolectaron evidencias de diferentes maniobras ilegales que habría cometido esta estructura criminal,para ocultar los dineros producto de narcotráfico, homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones en varios municipios de Antioquia, Bogotá y Soacha (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá).
Los jefes de esa organización conocidos con los alias de 'Vallejo' o 'El Doctor', 'Montañero', 'Malacate' y 'Piolo', adquirieron varias propiedades que al parecer fueron registradas a nombre de familiares y presuntos testaferros.
Lea también: Con drones fortalecerán la seguridad en el suroeste antioqueño
Las diligencias de ocupación se cumplieron en Medellín, Bello, Rionegro, Copacabana, Girardota, Envigado y San Jerónimo (Antioquia); al igual que en Santiago de Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés).
Entre los bienes afectados se destaca un título minero para la explotación de coltán en un área de 1.995 hectáreas, ubicada en una zona especial protección ambiental en el departamento del Vaupés.
Según la Fiscalía, en este caso llama la atención que como representante legal de esta mina aparece una mujer afiliada al Sisben, quien no tendría la capacidad financiera para sostener una actividad de extracción de este tipo de material.
La delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, reportó que igualmente fueron ocupadas 11 fincas de recreación, 2 cabañas frente al mar Caribe en Tolú (Sucre), 32 apartamentos, 3 casas, 14 establecimientos de comercio y 17 vehículos, entre otros bienes.
Le puede interesar: Reportan doble homicidio en Puerto Rico (Meta)
“Los elementos de prueba dan cuenta de que algunos de los inmuebles en Bello (Antioquia), supuestamente fueron entregados a los señalados integrantes de ‘El Mesa’ por algunas constructoras, con el fin de evitar el cobro de las extorsiones, dejar de recibir amenazas y continuar con sus proyectos urbanísticos”, agregó la fiscal Noguera.
