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Para la Fiscalía General, el coronel del Ejército, Óscar Alexander Amado Pinzón y el sargento Pablo Eliécer Caro son pieza clave de una red dedicada al tráfico de armas que delinque en el norte del país.
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Los dos militares fueron vinculados a la investigación en el marco de las pesquisas que se adelantaban para aclarar el ataque a la estación de Policía de San José en Barranquilla el 27 de enero del 2018. En dicha acción, seis agentes murieron mientras que otros 42 resultaron gravemente heridos.
Los investigadores lograron interceptar una llamada telefónica en la cual aparecían mencionados los nombres del coronel Amado Pinzón y el sargento Caro. Poco tiempo después una fuente humana entregó información sobre el modus operandi de una red que traficaba armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y se las vendía a grupos subversivos para la ejecución de acciones terroristas.
Con esta información se adelantó un complejo operativo que permitió la incautación el 4 de noviembre del 2020 de 14.800 cartuchos de municiones para diferente tipo de armamento y un proveedor metálico en el municipio de Melgar (Tolima). Dichas municiones –según se estableció por la hoja de ruta- salió del Cantón Militar de Tolemaida, posteriormente era trasladado a una habitación arrendada por los dos oficiales para luego –con la participación de un grupo de civiles- ser “movida” por medio del servicio de mensajería.
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La fiscal 156 adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales en Barranquilla señaló que dicha red habría traficado todo tipo de armas, explosivos, municiones y uniformes al mejor postor sin ningún tipo de distinción.
El director de Bienestar y Familia del Ejército Nacional y el ayudante del Comando del Batallón Especial Energético de San Carlos en el departamento de Antioquia habrían tenido contacto directo con emisarios del frene de guerra Darío de Jesús Ramírez Restrepo del ELN que delinque en el sur de Bolívar para el tráfico de armas.
La fiscal del caso reveló además que el coronel Amado Pinzón era el encargado de certificar la entrega o destrucción de armamento. Prueba de esto es el documento firmado el 10 de agosto de 2020. Pese a que en esa fecha se ordenó la destrucción de 3.395 cartuchos calibre 5.56 por estar obsoletos en un operativo se encontró que dicho armamento había salido de la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército para ser comercializada.
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Casos similares –señala la Fiscalía- se presentaron varias veces, puesto que se encontraron cartuchos que habían sido desechados en operativos de incautación contra el tráfico de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Por estos mismos hechos fueron capturados los civiles Manfred Perea Rivas y Albenio Lozano Pretelt. Las autoridades buscan identificar a las otras personas que hacían parte de esta red.
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