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Con dicho procedimiento judicial, James Arias fue condenado a 10 años de prisión por el multimillonario caso de corrupción.
La investigación se remonta al año 2006 cuando a la Unidad de Extinción y Contra el Lavado de Activos, le fue allegada abundante información legalmente obtenida; elementos de prueba del registro ilícito de importaciones y exportaciones ficticias de chatarra.
La Fiscalía estableció que en el 2007 fueron creadas cerca de 26 empresas, las cuales por iniciativa de la firma R&B CONSULTORES Y ASESORES, de propiedad de la Blanca Jazmín Becerra, sentenciada por estos hechos, les asesoró sobre la manera de obtener la devolución del IVA por la exportación de la chatarra.