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Capturadas 34 personas por delitos contra la administración pública y corrupción
Las detenciones se llevaron a cabo en Antioquia, Chocó, Sucre, Meta, Valle del Cauca y Bolívar.
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Actualizado:
Lunes, Agosto 21, 2017 - 07:04
Foto de archivo de Colprensa
Las autoridades de policía judicial capturaron a un total de 34 personas señaladas de estar implicados en hechos de corrupción y delitos contra la administración pública en seis departamentos del país.
Los detenidos deberán responder por delitos como peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento público y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos, entre otros.
Las diligencias judiciales fueron adelantadas en el transcurso de la última semana, por orden de la Fiscalía, y las capturas se hicieron efectivas en Antioquia, Chocó, Sucre, Meta, Valle del Cauca y Bolívar.
Estos operativos se llevaron a cabo en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, liderado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, en procura de combatir la corrupción de mayor impacto para la economía del país y para el manejo de los recursos públicos.
Los departamentos que registraron la mayor cantidad de capturas fueron Antioquia y Bolívar, con ocho detenidos.
Antioquia
La Fiscalía reportó la captura de Osdoly Pulgarín Rueda, exgerente del ICBF en la zona de Urabá; Luz Estela Muñoz Agudelo, funcionaria del ICBF; y las contratistas Denis González Negrete, Katherine Keila Altube y Judith Morelo Padilla, señalados de actos de corrupción en el ICBF por un detrimento patrimonial de más de 320 millones de pesos.
Según la investigación, los detenidos avalaron gastos personales, haciéndolos pasar como inversiones necesarias para la prestación de servicios en varios hogares infantiles y el desembolso de los recursos era aprobado, supuestamente, por las funcionarias del ICBF.
Bolívar
Dos exfiscales, quienes estaban adscritas a la Seccional Bolívar, y dos personas más fueron enviadas a prisión y otras cuatro personas fueron cobijadas con detención domiciliaria señalados de pertenecer a una red que negociaba beneficios judiciales como libertades, detenciones domiciliarias y preacuerdos con rebajas de penas a delincuentes, a cambio de millonarias sumas de dinero.
