Blindaje jurídico al proceso de paz genera reacciones encontradas

Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia: colgarle a la Constitución lo que se acuerde en La Habana es enormemente peligroso

Jaime Castro, exalcalde de Bogotá y abogado constitucionalista: hay un cheque en blanco, un salto al vacío

Senador Ernesto Macías: a Santos no le importa entregar el país por la firma de un papel

Senador Antonio Navarro Wolff: el acuerdo me parece sensato, pero soy ingeniero y no abogado

Álvaro Uribe, expresidente de la República y senador: es un blindaje para favorecer al terrorismo

Senador Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, dice que es necesaria una explicación a fondo de lo que se acordó

Desde La Habana nadie le dicta a un poder soberano del Estado: abogado Enrique Santiago

Los negociadores del Gobierno y las Farc anunciaron en La Habana un mecanismo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir" con esos objetivos e introducir el acuerdo final de paz en el ordenamiento jurídico colombiano, según el comunicado conjunto dado a conocer por los negociadores.

El futuro acuerdo de paz tendrá la consideración de "Acuerdo Especial" y pasará a formar parte del llamado "bloque de constitucionalidad" colombiano "en sentido estricto y con carácter transitorio", según explicó el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle. La consideración de "acuerdo especial" se realiza con base en los Convenios de Ginebra y este se incorporará al derecho interno por medio de un acto legislativo, que se tramitará como una ley ordinaria, se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas en Congreso y Senado, así como en los plenos de las dos cámaras.

Según lo acordado, el Gobierno de Colombia planteará ante las cámaras legislativas, antes del próximo 18 de mayo, la tramitación del mecanismo acordado, incluida una propuesta de artículo transitorio dentro de la Constitución que supone el desarrollo del derecho a la paz. De la Calle explicó que el acuerdo de paz es un "acuerdo político", fruto de una negociación entre un Gobierno y una guerrilla, por lo que "requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo", así como garantías para su cumplimiento. "Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando procedimientos internos propios del Estado de Derecho", subrayó el jefe negociador del Gobierno.

Lo anunciado no fue un acuerdo. Fue una concesión del Gobierno a las Farc: Claudia López

Las partes anunciaron que el acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario; y que una vez se firme la paz, habrá una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas para que ese organismo ampare el acuerdo de paz. Además de apoyarse en el marco del derecho internacional, De la Calle aclaró que, entre estas medidas de seguridad jurídica de la paz, habrá un mecanismo de "refrendación popular", aunque aún no ha sido pactado en la mesa de La Habana. "El Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El jefe de la delegación de las Farc hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular (...) Lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado", señaló.

El jefe de la delegación gubernamental indicó que la mesa de negociaciones trabaja también en estos momentos en "fórmulas para un cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y el pueblo colombiano".