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Las familias de seis cadetes que murieron en el atentado terrorista del 17 de enero de 2019, perpetrado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, están solicitando una millonaria indemnización del Estado.
Son cerca de ocho mil millones de pesos lo que están reclamando estas seis familias, entre las que se encuentran las dos de los cadetes oriundos del departamento de Risaralda, Diego Alejandro Molina Peláez y Juan David Rodas Agudelo.
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De acuerdo con los argumentos entregados por parte del abogado Benjamín Herrera, quien representa a esta familias, en el hecho se configuraron irregularidades violatorias de los Derechos Humanos, que no se pueden pasar por alto ante la magnitud de dicha tragedia.
“Se violó el derecho a la vida, por falta de adecuadas medidas de protección en la puerta de ingreso de la Escuela de Cadetes, toda vez que la puerta denominada Halcón 14 estaba dañada desde hace varios años, tenían que abrirla manualmente y a veces permanecía abierta, razón por la cual el ingreso del terrorista que se auto inmoló fue pan comido y por eso ingresó a la escuela tranquilamente”, explicó el abogado Herrera.
Según el apoderado de las familias de los cadetes muertos, al haberse presentado una violación de los Derechos Humanos, ello permite reclamar con todo el rigor la indemnización que concede el Consejo de Estado, lo cual significa, que si por el papá se reconocen 100 salarios mínimos, la solicitud le apunta a reclamar una indemnización de 300 salarios mínimos.
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De la misma manera, dijo el abogado, para los cadetes que dejaron un hijo, también están reclamando daños y perjuicios materiales, con la posibilidad de poder acrecentar la indemnización, toda vez que se trataba de un cadete que se iba a graduar de oficial y seguiría ascendiendo.
Como una tercera parte de la reclamación, las familias a través de su apoderado, también están reclamando medidas simbólicas de no repetición y de publicación de la sentencia, entre otras.
La solicitud de conciliación prejudicial está en trámite, donde se solicita a la Nación la indemnización de cerca de 8.000 millones de pesos para estas seis familias, proceso que está a la espera de una respuesta.
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