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Con 24 votos a favor y 12 en contra la Comisión Primera de la Cámara en un hecho histórico, aprobó en Sesión Virtual, el acto legislativo que propone modificar la Constitución para que los violadores de niños puedan ser condenados a prisión perpetua revisable.
La iniciativa superó su quinto debate, de los ocho debates que necesita para convertirse en ley de la República.
La Representante Adriana Matiz, del Partido Conservador, coautora y quien fue la encargada de presentar la ponencia mayoritaria expresó. “La Prisión Perpetua es el principio del fin de la violencia atroz que sufren nuestros niños, y aquí lo que estamos es atendiendo el clamor de la ciudadanía”.
Así mismo aseguró. “Esa Insistencia obedece sin duda, a las alarmantes cifras de violencia que se presentan en contra de nuestros niños; y es alarmante decirlo, en el año 2019 se presentaron en promedio 62 casos diarios y durante los primeros 2 meses del año 2020, cada hora, 2 niños fueron víctimas de este flagelo”
Del mismo modo expresó. “Estas conductas son reincidentes, y está completamente demostrado. De 16.520 personas que hoy están privadas de la libertad por esta clase de delitos, 1.695 personas han sido reincidentes en este delito. De ahí que este proyecto pretende la protección jurídica de los menores de edad, frente a esas conductas que atenten contra la libertad, la integridad y la formación sexual”.
“El proyecto contempla que la Prisión perpetua se practique de manera excepcional únicamente cuando el niño, niña o adolescente haya sido víctima de homicidio en la modalidad dolosa o un acceso carnal que implique violencia o lo ponga en estado de indefensión”. Agregó Matiz.
El proyecto consagra además que la prisión perpetua sea revisable en un término no inferior a 25 años y sostiene que el endurecimiento de la pena estará ligado a procesos de resocialización. “Estas personas van a poder acceder en igualdad de derechos a todos los programas de resocialización que se tengan por parte del estado".
Finalmente, la congresista enfatizó. “Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización, condena y acompañamiento psicológico. Además que su cumplimiento sea revisado por el Congreso de la República anualmente, para hacer un seguimiento a esta política".
