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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantuvo medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria, investigado por presuntos hechos de corrupción en el 2005.
Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un millonario contrato para mantener y pavimentar una vía de la región conocida como la Troncal de la Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío.
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En diálogo con La FM, Jorge Luis Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, defendió la decisión del alto tribunal al negarle la libertad al gobernador y explicó que no podía pronunciarse sobre el caso porque hay reserva legal.
Dijo que el gobernador agotó el recurso para poder pedir que tumbaran la decisión.
El procurador General, Fernando Carrillo le había solicitado a la Corte anular esa medida de aseguramiento al considerar que no existían argumentos suficientes por parte de la Fiscalía para sustentar la privación de la libertad.
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“La Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba”, manifestó el Procurador General en la misiva.
Además, sostuvo que la Fiscalía en su decisión tampoco sustentó las razones por las que se concluyó que “el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las “víctimas”.
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La Procuraduría recordó en la carta que una medida de aseguramiento debe existir en casos excepcionales que al parecer no tuvo en cuenta la Fiscalía.
“Las medidas de aseguramiento y en especial la detención preventiva, deben ser asumidas por los funcionarios judiciales en sentido lato, como figuras que solamente proceden en circunstancias particulares y extraordinarias. En otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico la regla general debe ser mantener en total libertad a los procesados por la presunta comisión de una conducta punible mientras esperan el desarrollo y los resultados de un juicio”, señaló el Ministerio Público.
Esta petición se une a la que ya interpuso el gobernador con la cual busca nulidad de la medida de aseguramiento.
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