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Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la nación, se refirió a La FM sobre la carta que la Fiscalía General de la Nación le envió una carta a la Corte Constitucional en la cual le hace reparos al proyecto de ley denominado "Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz".
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El exfiscal Gómez Méndez aseguró que la comunicación emitida por el fiscal Néstor Humberto Martínez no es un discurso en contra de la paz o de la Corte Constitucional, a su vez señaló que los cuestionamientos de Martínez son preocupaciones válidas de un "hombre sumamente estudioso y conocedor del sistema jurídico colombiano".
De igual manera, Alfonso Gómez Méndez se mostró de acuerdo con los precisiones que Martínez expone. El exfiscal Gómez también cuestionó el hecho de que la Corte Constitucional anuncie los fallos a través de los medios, puesto que esta práctica hace muy difícil que a través de un comunicado de prensa se puedan conocer a profundidad los argumentos que rodean la decisión.
Gómez Méndez cuestionó que el hecho de que primero se conozca un comunicado de prensa, cuando aún no se ha redactado la sentencia. A su vez, el exfiscal Gómez destacó que a raíz de esta práctica es muy probable que en la sentencia la Corte Constitucional termine tomando en cuenta los reparos, que ha manifestado el fiscal Néstor Humberto Martínez.
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De acuerdo con el documento emitido por el ente acusador, el acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc "no definió la jurisdicción competente para conocer de los delitos de ejecución permanente. Por ello, en el trámite de Acto Legislativo No 1 de 2017 la Fiscalía propuso que tales delitos fueran de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria (Fiscalía General de la Nación), con apego a los principios rectores de la competencia de la JEP, que circunscriben el ejercicio de su jurisdicción, a los delitos ocurridos durante el conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016".
La Fiscalía presenta reparos en cuanto a la "competencia para conocer del narcotráfico como delito de ejecución permanente", al recordar que delitos relativos al narcotráfico "cuya comisión haya iniciado con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y se proyecten en el tiempo después de dicha fecha serían de conocimiento de la justicia ordinaria".
Así las cosas, dice el ente acusador, corresponde a la JEP evaluar esos casos y determinar si deben ser investigados por la justicia ordinaria. De no hacerlo, señala la Fiscalía, sería haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos. El ente acusador indicó que, tal y como están las cosas, pierden competencia frente a determinados procesos.
A continuación el documento emitido por la Fiscalía General de la Nación
