Abrirán nueva investigación contra exmagistrado Bustos en otro capítulo del 'cartel de la toga'

La Fiscalía General adelantará una compulsa de copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos en un nuevo capítulo del escándalo del 'cartel de la toga'.

La nueva solicitud de investigación se desprende del proceso que se adelanta contra el también expresidente del alto tribunal, Camilo Tarquino por este escándalo de corrupción.

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Bustos, quien se encuentra fuera del país, fue mencionado por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons de haber presionado el pago de dos mil millones de pesos para archivar las siete investigaciones que se adelantaban en su contra por presuntos hechos de corrupción.

Esta solicitud de dinero le habría hecho el exmagistrado Camilo Tarquino, a quien lo había contratado para que lo asesora jurídicamente con el fin de mejorar su imagen pública en Córdoba.

Sin embargo, Tarquino le comentó en octubre de 2014 a Lyons que por recomendación del exmagistrado Bustos ese asunto era mejor arreglarlo desde la raíz, es decir en la Fiscalía General.

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El pasado 13 de agosto, por unanimidad, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el escrito de acusación emitido por la Comisión de Investigación contra el exmagistrado Leonidas Bustos.

El extogado fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público por su presunta responsabilidad en el 'cartel de la toga'.

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En el escrito de acusación de 75 páginas, Rodríguez afirma que Bustos hizo parte de un grupo de magistrados y exmagistrados que, a cambio de altas sumas de dinero, ofrecía intervenir ilegalmente los procesos para obtener diferentes beneficios procesales, “los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”.

Luego de haber sido aprobada la acusación, el caso pasa al Senado de la República para que, en un juicio político, se le despoje de su fuero constitucional y sea procesado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.