La FM en Google News
Con un puntaje de 37 sobre 100, Colombia ocupó durante el año pasado el puesto número 96 en el Índice de Percepción de Corrupción y disminuyó seis puestos en comparación con el 2016.
Este dato figura en el informe de Transparencia Internacional en el que se conoce cuál es la calificación que hacen expertos y analistas sobre el desempeño del sector público en materia de corrupción en el país. En la calificación Colombia cayó 6 puestos aunque conservó el puntaje del año anterior.
Junto con Colombia, y con el mismo puntaje, se encuentran países como Brasil, Panamá y Perú, ubicados por encima de otras naciones como México, Salvador y Bolivía, también rajados en materia de corrupción. Venezuela, en el puesto 169, es el peor calificado del continente americano.
Andrés Hernández, al frente del organismo que representa a Transparencia Internacional en Colombia, señala que si bien se han desarrollado cambios significativos especialmente desde las instancias de control, esto no afectará la percepción de corrupción que se tiene sobre el país, hasta que no haya cambios fundamentales.
De acuerdo con Hernández, la relación de las instancias de corrupción con las economías ilegales y los grupos criminales, especialmente en sus propósitos, ha facilitado que este tipo de instancias favorezcan aun más las actividades al margen de la ley.
Factores como acceder al poder a través de la trampa y hacer uso de ese poder en situaciones que rayan con la ilegalidad, es evidente para el organismo internacional. Además, la debilidad en los sistemas judiciales para ejercer acciones contra los corruptos los favorece de manera fundamental.
El informe que revela la calificación muy baja de Colombia en materia de transparencia, destaca que la administración pública ha sido tratada de manera descuidada y con afectaciones por intereses burocráticos así como por la búsqueda del control de los recursos públicos para el uso particular.
Siendo un problema grave para el país, desde Transparencia por Colombia se pidió a los actuales candidatos a comprometerse con el desarrollo de las reformas necesarias para actuar en contra de la corrupción.
