Sin acuerdo concluyó nueva negociación en Francia por reforma pensional

El Gobierno convocó un nuevo encuentro para el viernes 10 de enero, mientras que sindicatos marcharán el jueves y sábado.
huelga en francia
Crédito: AFP

La nueva ronda de negociaciones entre el gobierno francés y los sindicatos sobre la controvertida reforma del sistema de pensiones concluyó este martes sin avances concretos, en un pulso que tiene sumido a Francia en su peor huelga de transportes en varias décadas.

"Las huelgas no están cerca de parar", declaró a la salida de la reunión Catherine Perret, una de las dirigentes del sindicato CGT, que exige el retiro total de la reforma, que fue una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron.

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El ejecutivo pretende eliminar los 42 regímenes de jubilación que existen actualmente en Francia y reemplazarlo por uno universal. Pero el punto más controvertido es la llamada edad "pivote" que retrasa de dos años, de 62 a 64 a partir de 2027, la edad para jubilarse con una pensión completa.

"En el estado de tensión en el que está nuestro país, sería positivo que se retire la edad pivote del proyecto de ley actual", declaró Laurent Berger, el secretario general del sindicato CFDT, más moderado, al cierre del encuentro, del que rescató "señales de apertura" por parte del gobierno.

Aunque ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, el ejecutivo convocó un nuevo encuentro el viernes para hablar sobre una conferencia de financiación del sistema de las pensiones, propuesta por la CFDT.

Nuevas jornadas de movilización

Decididos a seguir ejerciendo una máxima presión sobre el ejecutivo, los sindicatos convocaron dos nuevas jornadas de movilización el jueves y el sábado.

El 5 de enero, en la primera jornada de protestas nacionales, más de 800.000 personas salieron a las calles en toda Francia a expresar su rechazo al texto.

Emmanuel Macron hizo de reforma del sistema de pensiones un punto clave en su campaña electoral de 2017, afirmando que un sistema universal basado en puntos sería más justo.

No obstante, en las últimas semanas el gobierno ya ha hecho una serie de concesiones al personal policial y militar, así como a los pilotos y controladores aéreos, permitiéndoles seguir jubilándose anticipadamente o mantener sus beneficios por separado durante varios años todavía.

Pérdidas millonarias

Encontrar una solución a este conflicto social es urgente, sobre todo para los usuarios de los transportes públicos, pero también para los comercios, restaurantes y hoteles, que registran pérdidas millonarias, principalmente en París.

En primera línea contra la reforma, la compañía de ferrocarriles, la SNCF, y la del transporte público de la región parisina, la RATP, cumplían el martes 34 días en huelga, superando al paro de 1986-1987, cuando los trabajadores de la SNCF estuvieron en huelga 28 días consecutivos.

El operador de trenes dice que ha perdido más de 600 millones de euros en la venta de billetes desde que comenzó la huelga.

El director de la Cámara de Comercio y Artesanía de París señaló por su parte que las ventas al por menor en la capital se redujeron entre un 30% y un 40%.

El sindicato CGT, que exige el retiro total del proyecto, ha intensificado su protesta llamando a un bloqueo de cuatro días de las refinerías y depósitos de combustible a partir del martes, lo que aumenta los temores de una escasez de gasolina.

Enfermeras, fisioterapeutas y abogados, entre otras docenas de profesiones con sus propios regímenes de pensiones, también han votado a favor de acciones de huelga esta semana.

A medida que continúa el estancamiento, el apoyo público a la huelga, que se mantuvo alto durante todo el primer mes, ha comenzado a caer.

Una encuesta de la firma Harris Interactive realizada el lunes mostró que un 60% de los franceses sigue apoyando la huelga, una disminución de 9 puntos desde su inicio.

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Otra encuesta, de la firma Ifop, arroja sólo 44% de respaldo, siete puntos menos que la encuesta anterior del 20 de diciembre.

El gobierno espera presentar su proyecto de ley ante el consejo de ministros el 24 de enero, antes de que pase a examen del Parlamento a partir del 17 de febrero.


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