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El Reino Unido ha dado un giro radical en su política migratoria. A partir de ahora, obtener la ciudadanía británica será más difícil, más lento y más costoso para los extranjeros. El nuevo plan migratorio del gobierno laborista busca frenar la entrada de migrantes al país endureciendo los requisitos de residencia, visado y permanencia legal.
Este nuevo enfoque no solo limita la inmigración legal, sino que redefine quién puede aspirar a una vida estable en territorio británico. La decisión marca un punto de quiebre en la manera como el país gestionaba su frontera, en un momento de alta tensión política y presión social por los niveles récord de migración.
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Una residencia que ahora tarda el doble
Uno de los cambios más contundentes del nuevo plan migratorio es el tiempo requerido para obtener la ciudadanía británica. Hasta ahora, los extranjeros debían residir legalmente por cinco años antes de solicitarla. Con la reforma, ese periodo se duplica: serán necesarios diez años de permanencia continua y regular para iniciar el proceso.
Este aumento representa un cambio profundo que podría afectar a miles de personas ya establecidas en el país. La medida también impactará directamente a estudiantes, trabajadores extranjeros y familias que planeaban radicarse de forma definitiva en Reino Unido.
Nuevos filtros educativos y lingüísticos para conseguir visados
El libro blanco sobre inmigración, presentado por el primer ministro Keir Starmer desde Downing Street, también endurece los requisitos para conseguir un visado de trabajo. Ahora solo podrán aspirar a un visado de trabajador cualificado quienes tengan un título universitario, además de demostrar un nivel avanzado de dominio del idioma inglés.
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El mismo criterio se aplicará para personas dependientes, familiares o parejas de solicitantes, quienes también deberán cumplir con los estándares educativos y lingüísticos definidos en el nuevo plan.
Con estas restricciones, el Gobierno británico busca frenar la llegada de migrantes menos cualificados y favorecer la contratación de talento altamente capacitado.
Se elimina la opción de contratar migrantes en sectores clave
Uno de los sectores más golpeados por las nuevas reglas será el de asistencia social y cuidados, que dejará de figurar en la lista de empleos cualificados permitidos para la contratación internacional.
Esta decisión también afecta a otros 180 puestos de trabajo que serán eliminados de esa lista, en un intento por forzar a las industrias británicas a depender menos de la migración y a invertir más en la formación de talento local.
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Según Yvette Cooper, ministra del Interior, el sistema migratorio debe estar alineado con las habilidades que el país puede desarrollar internamente. "El reclutamiento en el extranjero se disparó mientras la formación en Reino Unido se redujo", afirmó ante la Cámara de los Comunes.
Reducción del permiso de posgrado y umbral salarial más alto
Otro cambio que impactará a la comunidad internacional es la reducción del periodo de posgrado para estudiantes universitarios extranjeros, que pasa de dos años a 18 meses. Esto limitará el tiempo que tienen para permanecer en el país tras finalizar sus estudios y encontrar un empleo.
Además, se incrementará el umbral salarial exigido para poder acceder a un visado laboral, lo cual excluye automáticamente a personas en empleos con remuneraciones más bajas o que se encuentren en condiciones laborales precarias.
Este endurecimiento afecta tanto a estudiantes como a migrantes recién llegados, especialmente en sectores donde los salarios no alcanzan los nuevos requisitos impuestos.
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Un enfoque más estricto frente a la migración ilegal y las deportaciones
El plan migratorio también contempla reglas más severas contra la migración ilegal, con un mayor número de deportaciones y acciones más firmes frente a delitos cometidos por extranjeros.
Si bien el documento no aborda directamente la crisis de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pateras, el Gobierno ha confirmado que mantendrá una posición dura contra quienes ingresen de forma irregular.
En lo que va del año, más de 11.500 personas han cruzado estas aguas en botes desde Francia. La situación ha sido usada como argumento por sectores nacionalistas para exigir un control migratorio más férreo.
Un giro influenciado por el ascenso del nacionalismo
El endurecimiento del sistema migratorio llega en un momento clave para el Reino Unido. Las cifras de migración neta se cuadruplicaron entre 2019 y 2023, alcanzando las 728.000 personas en el año cerrado en junio de 2024.
En medio de esta situación, el partido Reform UK, liderado por el nacionalpopulista Nigel Farage, ha ganado terreno en las recientes elecciones locales. Su discurso antiinmigración parece haber tenido eco en sectores del electorado británico, lo que ha obligado al gobierno laborista a ajustar su agenda.
Starmer, que prometió "retomar el control" de las fronteras, ha convertido el tema migratorio en una bandera clave de su gestión. El libro blanco es su apuesta por responder a esa presión social sin ceder completamente a los sectores más extremos.
Críticas desde las organizaciones migrantes
El anuncio no ha sido bien recibido por colectivos de defensa de los migrantes. La organización The 3 Million, que representa a ciudadanos europeos en Reino Unido, expresó su preocupación en redes sociales.
Advirtieron que estas medidas empujarán a miles de personas a condiciones precarias y vulnerables. "Si la gente no puede pagar los requisitos del visado cada pocos años, es cuando se convierten en indocumentados", señalaron.
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También alertaron que muchas personas caerán en situaciones de pobreza y explotación laboral, dado que los costos para renovar visados o cumplir con los nuevos requisitos podrían ser inalcanzables para familias de bajos ingresos.
¿Ciudadanía solo para los más ricos?
Una de las críticas más recurrentes al nuevo sistema migratorio británico es que podría convertir la ciudadanía en un privilegio exclusivo para quienes tengan poder adquisitivo. El aumento en el tiempo de residencia, los requisitos académicos, el dominio del inglés y las nuevas tasas migratorias representan obstáculos difíciles de superar para muchos.
El propio libro blanco no contempla excepciones amplias para situaciones humanitarias, ni aborda con claridad cómo se garantizará el acceso igualitario al proceso de naturalización. La reforma parece enfocada en seleccionar migrantes "convenientes" para el sistema económico, dejando de lado otras realidades sociales.
