¿Qué relación tenían el exministro Velásquez y la fiscal Camargo con Odebrecht?

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Según el fiscal guatemalteco, estos hechos motivaron la solicitud formal de captura ante una sala de apelaciones, que resolvió por unanimidad —tres magistrados titulares— autorizar las órdenes por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

El fiscal aseguró que se trata de una decisión estrictamente jurídica y negó cualquier motivación política: “Yo no me pronuncio sobre aspectos políticos, solo técnicos y jurídicos. La investigación es sólida y muy contundente”, subrayó.

¿Se beneficiaron personalmente?

Curruchiche no confirmó directamente si el exministro Velásquez y la fiscal Camargo recibieron beneficios personales o económicos a cambio de sus actuaciones, pero indicó que los hechos investigados excluyeron a la Procuraduría General de Guatemala como parte agraviada en el caso Odebrecht

Según indicó, este hecho impidió que el Estado reclamara indemnizaciones: “En cuanto a si recibieron algún beneficio económico, no quisiera entorpecer la investigación... pero es obvio que Guatemala perdió más de 3 mil millones de quetzales en este caso”, afirmó.

¿Qué viene ahora? Interpol y trámite internacional

El fiscal confirmó que ya se iniciaron los trámites para que Interpol emita circular roja contra Velásquez y Camargo. Si bien reconoció que la inmunidad de ambos en Colombia podría impedir su captura en el país, insistió en que “la inmunidad no aplica en Guatemala” y que se agotarán todos los mecanismos legales internacionales.

“Hoy vamos a solicitar el trámite ante la unidad especializada de asuntos internacionales y también vamos a requerir la alerta roja de Interpol. Si se acoge o no, ya es otro tipo de situación”, declaró.

Responde a críticas internacionales

Curruchiche también respondió a los cuestionamientos de la comunidad internacional, incluido el reciente informe de la relatora de Naciones Unidas, quien criticó el actuar del Ministerio Público guatemalteco. El fiscal desestimó el informe por considerarlo sesgado y elaborado por “una persona que fue invitada por el presidente de Guatemala para supervisar algo que no le compete”.

Respecto a las críticas por su inclusión en 2022 en la llamada lista Engel de EE.UU., Curruchiche fue tajante: “A mí se me incluyó por una represalia del Departamento de Estado, pero eso no le resta validez a esta investigación. Esa lista ya quedó sin vigencia en 2023 y no me merece mayor importancia”.

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Reacción del gobierno colombiano

El gobierno de Colombia, a través de la canciller Laura Sarabia, rechazó enfáticamente la decisión de la fiscalía guatemalteca, calificándola como “un atentado contra los principios de la justicia internacional”. Curruchiche, por su parte, se abstuvo de emitir opiniones políticas al respecto.

“Pueden emitir lo que quieran, yo no me puedo pronunciar sobre eso. Nosotros actuamos conforme a la ley y la Constitución”, concluyó.