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Un grupo de organizaciones sociales, al igual que varias ONG y el senador de izquierda Iván Cepeda entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) un nuevo informe en el que denuncian 229 nuevos casos de supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente, Iván Duque.
Este nuevo informe, que fue entregado este fin de semana a la CPI, recoge "229 hechos violentos ocurridos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554", dijo Cepeda a Efe.
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Explicó que allí se detallan cifras recientes y nuevos casos de supuestos asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos y hechos de "paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social".
Esta denuncia, que complementa la primera presentada el pasado 12 de mayo, está acompañada por ONG como Temblores, y organizaciones civiles como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.
Cepeda explicó que los nuevos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos al parecer por integrantes de la Policía, el Ejército, y civiles armados, como "reacción a la movilizaciones pacíficas que se han presentado a lo largo del país".
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PROTESTAS VIOLENTAS
Las movilizaciones dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, pero organizaciones como la ONG Temblores señalan que hay 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 1.649 detenciones arbitrarias, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Las movilizaciones, que entran en su séptima semana, comenzaron el 28 de abril contra las políticas económica y social de Duque que insiste en que las protestas deben ser pacíficas y sin bloquear las carreteras.
Los denunciantes advierten que, el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Duque y de superiores jerárquicos del gobierno colombiano, generan un clima de "favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación".
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Piden que la Fiscalía de la CPI estudie en "materia de complementariedad", la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos.
Específicamente se refirieron a "las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal general, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo (Carlos Camargo)".
También alertaron dela falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia".
