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El Parlamento de Ecuador exigió este lunes al presidente del país, Lenin Moreno, que destituya al ministro de Gobierno, al jefe de prisiones y del sistema de rehabilitación, como responsables de la crisis carcelaria que se desató el pasado 23 de febrero y que dejó 79 reos muertos.
Con 84 votos a favor, uno en blanco y 34 abstenciones, el pleno de la Asamblea exigió la "destitución inmediata" del ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
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Los legisladores consideraron que estos funcionarios tienen responsabilidad en los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país y que a 79 reos asesinados y 19 heridos, por rencillas entre bandas rivales, según las autoridades.
Asimismo, el Parlamento exigió al Ejecutivo la "adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad", precisó la Asamblea en un comunicado.
También demandó "una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos".
El pleno del órgano legislativo además pidió al Ejecutivo que decrete un "estado de excepción" en las cárceles del país.
La resolución, promovida por el legislador Rodrigo Collahuazo, anticipa también al inicio de un juicio político de censura contra los funcionarios, por un supuesto "incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana".
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El pronunciamiento exhorta a los organismos regionales de derechos humanos a que "vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial" de los hechos.
Asimismo, les pide que brinden su "apoyo técnico para que el Gobierno nacional reconstruya políticas públicas que aborden los problemas estructurales del sistema penitenciario, que incluya enfrentar el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria".
Finalmente, el documento solicita al Gobierno que disponga al Ministerio de Economía la "entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario".
