Oposición venezolana dice que el Tribunal Supremo no tiene legitimidad

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "no tiene legitimidad", al reaccionar a la decisión de la máxima corte de suspender los efectos de siete sesiones del Parlamento que se realizaron entre abril y mayo pasados.

El secretario de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo en su cuenta de Twitter que el TSJ está integrado por magistrados que asumieron sus cargos "de manera inconstitucional" y por lo tanto "no tiene legitimidad para cuestionar a una AN (Asamblea Nacional, Parlamento)" electa por el pueblo venezolano.

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo en la misma red social que "continúan las sentencias fraudulentas" de la Sala Constitucional del TSJ a la que llama "sala inconstitucional" para, dijo, "violar la Constitución y negar la voluntad popular".

Asimismo, Ramos Allup señaló que de los siete integrantes de la Sala Constitucional del TSJ supuestamente solo uno cumple con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana y en la ley del Supremo para ser magistrado.

El TSJ ordenó suspender cautelarmente los efectos de siete sesiones del Parlamento de mayoría opositora que se realizaron en abril y mayo pasados en las que se sancionó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, entre otras acciones.

"Se suspenden los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas", dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ.

Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas "por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional".

En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.

Desde que el Parlamento de contundente mayoría opositora se instaló el pasado 5 de enero, el Supremo venezolano ha tomado decisiones en las que suspende o anula los resultados de las sesiones legislativas.