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El Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes los ataques aéreos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas ilegales desde Sudamérica hacia Norteamérica. El Alto Comisionado Volker Türk calificó las operaciones de “inaceptables” y pidió que cesen inmediatamente, además de exigir una investigación independiente sobre los hechos, en lo que representa la primera condena explícita de una agencia de la ONU a esta campaña militar.
En una conferencia de prensa en Ginebra, Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina del Alto Comisionado, leyó una declaración en la que Türk sostuvo que “estos ataques y su creciente coste humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones”.
Según Türk, los bombardeos estadounidenses contra barcos en el Caribe y en el Pacífico oriental violan el derecho internacional de los derechos humanos, al producirse fuera del contexto de un conflicto armado reconocido y al implicar el uso intencional de fuerza letal sin las garantías procesales necesarias. Shamdasani remarcó que el uso de la fuerza letal solo se permite como último recurso y únicamente contra personas que representen una amenaza inminente para la vida, advirtiendo que, de no cumplirse ese criterio, tales ataques constituirían “una violación del derecho a la vida y una ejecución extrajudicial”.
Los señalamientos de Naciones Unidas surgen tras una serie de ataques ordenados por el presidente Donald Trump como parte de su política de “guerra total” contra el narcotráfico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó esta semana el más reciente operativo, en el que un barco fue destruido en el Pacífico oriental, dejando cuatro muertos. De acuerdo con el Pentágono, se trató del decimocuarto ataque y el decimoquinto barco destruido desde el inicio de la campaña a comienzos de septiembre, con un saldo total de al menos 61 fallecidos.
Washington ha argumentado que las embarcaciones atacadas pertenecen a redes vinculadas con el grupo armado venezolano Tren de Aragua, designado por la administración Trump como organización terrorista. Hace pocas semanas, la Casa Blanca notificó al Congreso que Estados Unidos se considera en un “conflicto armado no internacional” contra cárteles de la droga, una decisión que recuerda a la terminología utilizada por la administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para justificar operaciones antiterroristas en el extranjero.
Sin embargo, el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, y persisten dudas sobre qué unidades del Ejército ejecutan los ataques, qué información de inteligencia los sustenta y qué armamento se emplea.
Desde América Latina, la ofensiva estadounidense ha provocado fuertes críticas. El presidente colombiano Gustavo Petro declaró a CBS News que “estas operaciones violan el derecho internacional y no contribuyen en nada a resolver el problema estructural del narcotráfico”. En respuesta, la Casa Blanca sancionó a Petro la semana pasada, acusándolo de “permitir que los cárteles prosperen” y de negarse a cooperar con las acciones estadounidenses.
Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas es un asunto de aplicación de la ley, no una guerra, y está sujeta a límites estrictos respecto al uso de la fuerza. “Los ataques de Estados Unidos se están produciendo fuera del contexto de un conflicto armado o de hostilidades activas”, subrayó Shamdasani, enfatizando que la campaña militar antidrogas podría representar una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos.
