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El Ministerio de Consumo de España ha multado con 150 millones de euros a cuatro aerolíneas —Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea— por prácticas abusivas, como el cobro por el equipaje de mano, tras recibir denuncias de diversas asociaciones de consumidores.
El Ministerio confirmó que en el verano de 2023 se abrieron expedientes a estas aerolíneas de bajo coste para investigar las denuncias sobre prácticas abusivas.
Entre las prácticas investigadas se incluyen el cobro de un suplemento por la reserva de asientos contiguos para menores y personas dependientes, la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, el cobro por el equipaje de mano y la prohibición de pago en efectivo en el aeropuerto para estos u otros servicios adicionales.
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La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa el 85% del tráfico aéreo en España, rechazó la decisión del Ministerio de Consumo, que implica prohibir el cobro por el equipaje de cabina. En un comunicado, ALA argumentó que esto perjudicará a los consumidores, ya que les impedirá contratar solo los servicios que realmente necesitan.
ALA advirtió que los cerca de 50 millones de pasajeros que actualmente no llevan maleta de cabina y solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento no podrán beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables, viéndose obligados a contratar servicios adicionales que no utilizan.
La sanción puede ser recurrida y, una vez agotada esta vía, las compañías pueden acudir a los tribunales. Las aerolíneas afectadas por la multa ya están preparando recursos de alzada ante la propia Administración y no descartan recurrir también a la vía judicial. El presidente de ALA, Javier Gándara, expresó su convicción de que los tribunales les darán la razón.
En una rueda de prensa, Gándara explicó que las aerolíneas multadas tienen plazo hasta mediados de julio para presentar sus recursos de alzada, tras lo cual el Ministerio dispondrá de tres meses para resolver. Una vez concluido ese proceso, cabe la vía judicial.
Mientras tanto, las aerolíneas podrán mantener su actual política de tarifas, pese a la multa de 150 millones, hasta que la sanción sea firme, una vez se resuelvan los recursos presentados y, si es necesario, la vía judicial.
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ALA, que agrupa a más de 60 compañías aéreas, considera que la decisión del Ministerio de Consumo va en contra de la normativa europea, específicamente del principio de libertad de fijación de precios reconocido en un reglamento comunitario de 2008, y supone una "injerencia en la fijación tarifaria".
Por otro lado, la asociación de consumidores Facua, que presentó la denuncia contra las aerolíneas, valoró positivamente la decisión del Ministerio de Consumo y recordó que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra.
Asimismo, la asociación de consumidores Asufín confía en que la sanción actúe como un freno efectivo a la impunidad con la que las compañías han ignorado los derechos de los consumidores, y considera urgente un cambio de conducta por parte de estas aerolíneas, que habitualmente realizan prácticas abusivas.
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