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El reconfinamiento de una pequeña zona de Cataluña para frenar los contagios del coronavirus derivó este lunes en un pulso entre el gobierno regional, resuelto a aplicarlo, y la justicia, que lo dejó en suspenso.
Ante el aumento de casos de COVID-19, el gobierno regional de Cataluña ordenó a partir del domingo a medianoche el confinamiento de 160.000 habitantes de Lérida y varios municipios adyacentes.
Esta zona, a 150 km de Barcelona, y algunos otros municipios colindantes, que suman en total 200.000 habitantes, están aislados desde hace una semana por el rebrote.
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Una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rehusó el domingo ratificar las medidas incluidas en la resolución del gobierno regional, considerándolas "contrarias a derecho".
En su decisión, la jueza estima que el gobierno regional se extralimitó en sus funciones al restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos, competencia exclusiva del Estado español.
El presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, rechazó este lunes el fallo judicial, y anunció que su ejecutivo emitirá un decreto ley en las próximas horas para brindar cobertura jurídica a los confinamientos.
"No estamos de acuerdo con la decisión, no la podemos aceptar", dijo Torra en rueda de prensa, dando todavía como"válida" la medida de confinamiento de Lérida.
Población desconcertada
Este lunes en Lérida, muchos comercios y terrazas de cafés abrieron y por las calles caminaban personas portando mascarillas.
"Uno dice una cosa, el otro la otra, ya el propio pueblo no sabe lo que tiene que hacer ni dejar de hacer", dijo Eugène Badila, un agente comercial de 41 años, mientras su colega, Sabrina Pigaro, de 32 años, zanjó: "Deberíamos volver a confinarnos aunque sea un tiempo, hasta que se pase todo esto".
El gobierno español descartó volver a decretar el estado de alarma ante este brote. Dicho régimen de excepción permitió al gobierno español imponer a mediados de marzo un confinamiento muy estricto de la población, levantado totalmente el 21 de junio.
"Hay que tomar medidas adicionales" en la zona de Lérida, pero "los instrumentos que tenemos en este momento son suficientes para controlar la epidemia", aseguró en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Unos 120 brotes continúan activos en España, fuertemente golpeada por la pandemia, que provocó más de 28.400 muertos.
En este contexto, varias regiones, entre ellas Cataluña, reforzaron el carácter obligatorio de la mascarilla. Esta debe portarse en todo momento en la calle o en espacios públicos, aún cuando se guarde distancia de seguridad, so pena de multa.
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Pese a la situación actual, "España sigue siendo un país seguro", garantizó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la radio belga RTBF. "Es un país que ha aprendido la lección, que ha tomado medidas como el uso de la mascarilla", destacó.
La gran mayoría de nuevos casos detectados (70 a 80 %) son "asintomáticos", lo que significa que son más benignos, en contraste con el inicio de la epidemia, cuando eran "más graves", precisó Fernando Simón, director del centro de emergencias sanitarias, señalando que la media de edad de las personas contagiadas es menor (46 años en hombres, 50 en mujeres), por tanto, menos susceptibles de complicaciones.
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